La criminalización de la protesta en cifras

La transformación del tratamiento institucional de la protesta social en el Estado español y en el conjunto de la Unión Europea ha dejado de ser una percepción para convertirse en un hecho documentado por datos oficiales y organismos internacionales. Un informe publicado por la alianza global Civicus en diciembre de 2025 alertó de que el espacio cívico y los derechos de reunión en Europa se han reducido sustancialmente en los últimos seis años, impulsados por la proliferación de legislación administrativa restrictiva y la persecución de movimientos climáticos y propalestinos, entre otros. En esta misma línea, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Defensores Ambientales, Michel Forst, ha advertido reiteradamente desde Ginebra que la desobediencia civil pacífica está siendo calificada institucionalmente de “ecoterrorismo”, desplazando el debate desde el ámbito del derecho a la manifestación hacia el de la “seguridad” del Estado.

En el caso español, las cifras del Ministerio del Interior reflejan el alcance cuantitativo de este modelo sancionador. Desde la aprobación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, las diferentes Policías han impuesto más de 1.380.000 sanciones por un importe acumulado superior a los 1.300 millones de euros. En el balance correspondiente a 2023, las sanciones bajo esta norma alcanzaron las 284.512 actas, lo que supuso un incremento del 17% respecto al año anterior, destacando el repunte en apartados como la “desobediencia a los agentes”. Asimismo, la red de organizaciones Defender a Quien Defiende constató en su informe anual cerrado en marzo de 2026 que los casos de represión sobre la protesta pacífica en el Estado español aumentaron un 66,7% respecto al ejercicio anterior, con el activismo climático y las plataformas y sindicatos por el derecho a la vivienda como los sectores más afectados. En junio de 2026, Amnistía Internacional documentó en Madrid al menos 95 casos de vulneraciones del derecho de reunión en el marco de movilizaciones sociales, donde la aplicación de la Ley Mordaza y de la Ley del Deporte derivó en elevadas multas administrativas contra los participantes.

Este patrón se reproduce de forma simétrica en otras potencias europeas. En el Reino Unido, un informe de Human Rights Watch publicado en enero de 2026 bajo el título “Silencing the Streets” analizó el impacto de la Public Order Act de 2023 y la Police, Crime, Sentencing and Courts Act de 2022. Estas leyes han otorgado a la Policía Metropolitana de Londres competencias discrecionales para prohibir concentraciones basándose en conceptos ambiguos como la “molestia grave” o la “interrupción del orden”, permitiendo sancionar conductas menores como el despliegue de pancartas o marchas lentas. A su vez, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, advirtió en Estrasburgo que la severidad de este marco legal británico contraviene las garantías del Convenio Europeo de Derechos Humanos al imponer restricciones “desproporcionadas” a la libertad de expresión. De igual modo, en el Estado francés, la aplicación de la Ley de Seguridad Global de 2021 y los intentos del Ministerio del Interior de disolver por vía ejecutiva a colectivos como Les Soulèvements de la Terre evidencian el uso generalizado de la vía administrativa para contener la movilización popular.

La confluencia de estas normativas produce lo que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos define como un “efecto disuasorio” o chilling effect. Al trasladarse la capacidad de sanción desde los tribunales “independientes” hacia la administración policial, amparada en la presunción de veracidad de sus agentes, el ciudadano que ejerce el derecho de manifestación se enfrenta de manera inmediata a multas de miles de euros sin las garantías de un proceso penal.