> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://diariosocialista.net/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # Ricardo y Fernando Alonso, los empresarios detrás del desahucio de Maricarmen - URL: https://diariosocialista.net/2026/09/23/ricardo-y-fernando-alonso-los-empresarios-detras-del-desahucio-de-maricarmen/ - Published: 2026-09-23T13:47:08.000Z - Updated: 2026-09-23T13:56:59.000Z - Description: La empresa ‘Urbagestión’, con sede en Zurbano 76, compró la vivienda por 240.000 euros y exige ahora una renta de 2.650 euros. Se querelló contra el Sindicato de Inquilinas por llamarla “fondo buitre” y rechazó las salidas para evitar el desahucio. - Author: Diario Socialista - Tags: Economía, Empresas inmobiliarias, Desahucios, #p-2-1 Detrás del [desahucio de Maricarmen](https://diariosocialista.net/2026/09/23/la-policia-ejecuta-violentamente-el-desahucio-de-maricarmen/) está Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., una sociedad limitada constituida en octubre de 2005 y con domicilio social en el número 76 de la calle Zurbano, en Madrid, según los datos del Registro Mercantil recogidos por *El Confidencial*. La empresa, que opera comercialmente también bajo el nombre de Urbagesa, está vinculada a los empresarios Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, y su objeto social incluye el “estudio, desarrollo y elaboración de toda clase de proyectos y promociones urbanísticas e inmobiliarias”. En 2015 amplió su objeto para incorporar la intermediación y asesoramiento en oficinas de farmacia, laboratorios y ópticas, según el BORME. Los hermanos Alonso compraron la vivienda de Maricarmen por 240.000 euros hace casi ocho años, después de que la mujer no pudiera reunir esa suma de dinero. El piso, en el barrio de Retiro, cuesta hoy entre tres y cuatro veces más, según especifica *El País*. Urbagestión forma parte de un grupo empresarial que opera desde Madrid y Valladolid. Sus responsables figuran como “Administradores Solidarios” y son titulares de más de una docena de empresas en los ámbitos agroalimentario e inmobiliario. La operación responde a lo que en el sector se llama de forma deshumanizante una compra “*con bicho dentro*”: una adquisición a bajo precio que se resuelve en los tribunales con el objetivo de expulsar al inquilino y rentabilizar la inversión. Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Urbagestión tiene un patrimonio de 356.388 euros, una cifra de negocios de 586.450 euros y un beneficio neto de apenas 2.990 euros. La empresa rechaza ser un fondo de inversión. “No somos propietarios de ninguna otra vivienda. Como bien sabe la parte ejecutada, no se trata ni de un fondo de inversión ni de un fondo buitre, sino de una *sencilla pyme*”, sostienen en sus declaraciones. En paralelo a su batalla judicial por recuperar el inmueble, Urbagestión se ha querellado contra el Sindicato de Inquilinas por presuntos delitos de “coacciones, descubrimiento y revelación de secretos y vulneración de la intimidad y del honor”, y reclama 10.000 euros por “daños y perjuicios”. Entre las pruebas aportadas figura la recepción de más de 1.500 correos electrónicos en un solo día pidiendo la paralización del desahucio. También ha enviado advertencias a medios de comunicación para impedir el uso del término “fondo buitre” vinculado a su empresa. El origen del conflicto se remonta a 1956, cuando el padre de Maricarmen firmó el contrato de renta antigua. Tras su muerte, el alquiler pasó a su madre y, cuando esta falleció en 2005, Maricarmen se subrogó en el contrato. En 2018, la finca fue vendida a Renta Corporación, que ofreció a la pensionista comprar la vivienda por 247.000 euros. Ella rechazó la propuesta porque no podía asumir el coste ni acceder a financiación bancaria a su edad. Al día siguiente, el piso pasó a manos de Urbagestión. La empresa sostiene que “el contrato quedó extinguido tras las sucesivas subrogaciones”, y el Tribunal Supremo le dio la razón en marzo. La clave jurídica reside en que la segunda subrogación solo puede prolongarse dos años salvo que el beneficiario tenga una discapacidad superior al 65%. Maricarmen tiene reconocido un 50%, por lo que quedó fuera de esa excepción. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reveló que el Ministerio llamó “hasta diez veces” a la abogada de Urbagestión para “tratar de negociar”, sin éxito. “Hemos tratado de ponernos en contacto para hacerles entender que, por encima de su interés económico, está el carácter social de esta vivienda y la vida de Maricarmen”, dijo la ministra, para quien la empresa “se cachondea” de todos. Sin embargo, desde el movimiento de vivienda denuncian que “es el PSOE el que se está cachondeando de todos”, ya que recientemente [se abstuvo en dos ocasiones en la proposición de ley de Sumar para prohibir a los fondos de inversión comprar viviendas residenciales con fines especulativos](https://diariosocialista.net/2026/09/17/el-congreso-rechaza-prohibir-la-compra-de-viviendas-a-empresas-y-fondos/). La empresa, por su parte, también rechazó la oferta de una escritora anónima que se ofreció a pagar el nuevo alquiler hasta que Maricarmen falleciera. “Ninguna de las opciones ha sido aceptada”, lamenta la abogada de la anciana, Beatriz Duro, que denuncia que la propiedad ni siquiera accedió a dar unas horas para que Maricarmen recogiera sus efectos personales: “Hemos intentado acordar una salida digna y no ha sido posible”.