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# La mentira tiene clientes
- URL: https://diariosocialista.net/2026/10/25/la-mentira-tiene-clientes/
- Published: 2026-10-25T06:00:00.000Z
- Updated: 2026-10-25T06:00:01.000Z
- Description: Oligarcas, gobiernos y partidos compran gigantescos conglomerados mediáticos que convierten la desinformación en una herramienta política muy eficaz.
- Author: Diario Socialista
- Tags: Dominical de Diario Socialista, Reportaje, Medios de Comunicación, Dominical Nº22 - La industria de la mentira, #s-dominical-main

En 2015, el Banco Santander logró que los principales diarios españoles en papel amanecieran con una portada idéntica: una campaña publicitaria de becas para jóvenes había ocupado la primera plana de todos ellos. La acción provocó críticas, entre ellas la de Pedro J. Ramírez, entonces exdirector de *El Mundo*, que advirtió: “Si pueden comprar la portada, ¿por qué no van a comprar también lo de dentro?”. La idea de que el pluralismo y la libertad de prensa pudieran desvanecerse a golpe de talonario resultaba abominable; la verdad a veces duele.

Años después, durante la pandemia, el Gobierno español recurrió a una fórmula similar para difundir un mensaje común: “A este virus, lo paramos unidos”.

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Ambos casos ilustran cómo las portadas de los periódicos, entre muchos otros formatos, son un espacio de influencia al que pueden acceder quienes disponen de recursos para pagarlo. Pero el problema va mucho más allá de la impresión que nos pueda generaer la propaganda descarada. ¿Qué ocurre cuando la dependencia económica condiciona no solo lo que aparece en primera plana, sino también qué información se publica, qué se silencia y qué credibilidad se concede a cada relato? Para responder, conviene observar quién financia los medios, qué intereses sostienen esa financiación y qué consecuencias tiene para la verdad.

### La verdad no cotiza

A partir de evidencia cuantitativa del Estado español, del resto de Europa y de Estados Unidos, este reportaje sostiene que los grandes medios funcionan como un aparato político financiado según el interés de quien paga y en el que la veracidad de lo publicado apenas pesa sobre su rendimiento. Documenta, en primer lugar, cómo la publicidad institucional se concentra en cabeceras afines al gobierno que la reparte, cómo partidos, magnates y gobiernos extranjeros sostienen a pérdida aparatos mediáticos propios y cómo informes policiales sin fundamento acabaron en portadas publicadas en vísperas electorales. En segundo lugar, se reúnen las conclusiones de algunos los estudios que sitúan en la extrema derecha en la oferta sistemática de fuentes falsas, que explican la ventaja de la falsedad en la circulación digital y que muestran que la verdad por sí misma no puede vencer a la fuerza política. Finalmente, se aborda el marco jurídico que identifica veracidad con diligencia y limita la respuesta ordinaria a la rectificación completa el análisis, del que no se deduce que los bulos decidan elecciones, pero sí que degradan de forma medible el espacio común de hechos sobre el que debería deliberar una sociedad rica en libertades políticas y civiles.

### El ejemplo de la DANA

Cinco días después de que la DANA causara más de doscientas muertes en la provincia de València, en la noche del 3 de noviembre de 2024, el programa *Horizonte* de Cuatro emitió un especial en el que se afirmó en repetidas ocasiones que el aparcamiento del centro comercial de Bonaire escondía numerosos cadáveres y que las autoridades ocultaban la cifra real de víctimas. Ni la Policía encontró víctima alguna en aquel recinto ni existía el sistema de tiques con el que el programa pretendía estimar los vehículos atrapados, y aun así el especial obtuvo, según los datos de audiencia recogidos por elDiario.es, un 13,1 % de cuota de pantalla, el mejor registro de su historia hasta el momento, tras lo cual un banco retiró su publicidad, Mediaset mantuvo el formato y su presentador, Iker Jiménez, reconoció días más tarde haber sido "un poco irresponsable".

Lo que este episodio ejemplifica, y lo que el presente reportaje trata de analizar, es que la desinformación funciona como una pieza del sistema mediático, y en esencia, como un elemento propagandístico establecido en todo tipo de canales comunicativos, puesto que resulta rentable para quien la emite, útil para quien la financia y prácticamente gratuita ante la ley o las consecuencias sociales, si se tiene poder.

Aunque el análisis se centra en el Estado español, los mecanismos de fondo descritos operan con distinta intensidad y en distintas formas en el conjunto de las democracias burguesas avanzadas, razón por la cual la evidencia europea y estadounidense se incorpora como parte del mismo fenómeno.

## Financiación e influencia

### Publicidad institucional

Pagar a un medio es la forma más directa de influir en él sin poseerlo, y en el Estado español esa vía pasa sobre todo por la publicidad institucional, un gasto discrecional que las administraciones reparten sin criterios objetivos publicados. Este efecto sobre la cobertura ya ha sido cuantificado por diferentes estudios, desde la Argentina estudiada por Di Tella y Franceschelli hasta la Hungría de Szeidl y Szűcs o la Austria en la que, según Balluff y sus colaboradores, la visibilidad del canciller se duplicó en el diario que recibía la publicidad oficial. En la Comunidad de Madrid, el análisis de los 4.690 pagos de su portal de transparencia que publicó el diario Público reveló que en 2023 esRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos, recibió 398.653 euros con menos de una sexta parte de los oyentes de la Cadena SER, a la que se destinaron 957.231, mientras varios digitales obtenían cantidades marginales o ninguna.

Con un patrón muy similar, el Ayuntamiento de la capital destinó en 2023 a medios estatales 8,36 millones de euros que, de acuerdo con los datos abiertos del consistorio analizados por El Salto, tuvieron como principales destinatarios a cabeceras de línea editorial abiertamente conservadora como La Razón, OKDiario y ABC, seguidas de esRadio. Un cálculo propio sobre los dieciocho medios con importe conocido muestra que esas tres cabeceras reunieron el 47,4 % del total y las cinco primeras el 68,2 %, con un índice de Gini de 0,55, en tanto que cinco digitales no recibieron ninguna campaña. El índice de Gini mide la desigualdad de un reparto. Va de 0, cuando todos reciben lo mismo, a 1, cuando uno se lo lleva todo. Un 0,55 indica que el dinero se concentró con claridad en pocas cabeceras.

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Datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid analizados por El Salto · gasto de 2023 con IVA.

Lejos de limitarse a Madrid, la pauta reaparece con importes menores y destinatarios coincidentes en otras administraciones. La Junta de Extremadura adjudicó en 2024, según los contratos de la Plataforma de Contratación del Sector Público revisados por El Salto, 106.053 euros a Libertad Digital, OKDiario y The Objective, los dos últimos con sentencias que les obligaron a rectificar informaciones falsas, y La Marea documentó que un organismo dependiente de la Consejería de Agricultura de Castilla y León, entonces dirigida por Vox, había contratado en 2023 con EDATV, Periodista Digital, OKDiario y El Debate por 51.895 euros sin IVA. Al sumar todas las administraciones, OKDiario superó en 2025 los dos millones de euros de publicidad pública, según infoLibre, pese a acumular cinco sentencias favorables a un mismo demandante en tres procesos de rectificación.

Es imperativo subrayar que estos casos conforman únicamente una fracción del conjunto del fenómeno (analizado más en profundidad en los artículos adyacentes al presente monográfico) y que ninguna de estas cifras se ajusta por audiencia ni por coste por impacto, que es el argumento con el que las administraciones suelen defender sus repartos clientelares. Además, al contrario de lo que sucede en este campo (dado el ocultismo que hay con las cifras de dinero o las influencias en los medios) en este caso todas las cifras proceden de portales de transparencia y de contratación examinados por medios periodísticos, de modo que pueden leerse como indicios sólidos.

### Financiación partidista y privada

A pesar de resultar efectivo, destinar dinero público a medios afines no es la única herramienta empleada por los partidos políticos, ya que los últimos años se observa con claridad que quienes disponen de recursos suficientes optan simplemente por construir sus propios medios y hacer propaganda desde los mismos, engordándolos a su vez con el dinero público comentado en el apartado anterior. En este aspecto, el caso de Vox resulta ilustrativo, ya que según las cuentas difundidas por El Independiente, el partido ha transferido casi 13 millones de euros en seis años a la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal y editora de La Gaceta de la Iberosfera, dos de ellos en 2025, el mismo ejercicio en que ingresó 12,2 millones de dinero público. Fue esa cabecera la que en julio de 2023 atribuyó a "un magrebí" el asesinato de una mujer en una tienda madrileña cuando la Policía había detenido a un ciudadano español, una información que Abascal difundió y cuyo titular la editora modificó sin rectificar cuando la Fiscalía empezó a estudiar su posible encaje como delito de odio, después de haber recibido, según La Marea, cerca de 220.000 euros en subvenciones ministeriales en 2021 y 2022.

Tampoco el origen de los fondos del partido es ajeno a esta lógica, pues Vox reconoció en 2024 haber financiado las elecciones generales y municipales del año anterior con préstamos por 9,2 millones de euros del banco húngaro MBH, próximo al entorno de Viktor Orbán, al que volvió a recurrir para las europeas de 2024, mientras que su primera campaña, en 2014, contó con unos 800.000 euros de donantes vinculados a la oposición iraní en el exilio, según informó la radiotelevisión pública catalana. En la derecha tradicional, inspectores de la UDEF declararon en el juicio de la trama Gürtel que la contabilidad paralela del PP había financiado en 2004 la ampliación de capital de Libertad Digital, un testimonio que no llegó a constituir hecho probado pero que da idea de la antigüedad del vínculo entre partidos y cabeceras.

En otro orden de magnitud, se ve cómo se reproducen los mismos esquemas en las principales potencias occidentales. En Estados Unidos, Elon Musk dedicó en 2024 al menos 277 millones de dólares a apoyar a Donald Trump y a candidatos republicanos, según sus declaraciones ante la Comisión Federal Electoral, mientras controlaba una plataforma cuyo algoritmo desplaza a sus usuarios hacia posiciones conservadoras, como se expone en el capítulo octavo. GB News, por su parte, acumula en el Reino Unido 131 millones de libras de pérdidas desde 2021, con Paul Marshall y el fondo Legatum como principales accionistas, y paga unas 400.000 libras anuales a Nigel Farage, líder de Reform UK, en tanto que en Francia el análisis de unos 700.000 rótulos realizado por Reporteros sin Fronteras en marzo de 2025 atribuyó a la extrema derecha el 40,6 % de la exposición en las horas de máxima audiencia de CNews, la cadena de Vincent Bolloré, frente al 15,4 % de la izquierda, que en cambio dominaba la madrugada.

Por una vía menos visible también interviene la empresa privada, cuyos anuncios llegan a los pseudomedios a través de la publicidad programática, como comprobaron Vianny Castellanos-Trujillo y Raúl Rodríguez-Ferrándiz al hallar en 2025 campañas de 12 de las 100 mayores marcas presentes en el Estado español en ocho de esos sitios, que sumaban más de siete millones de visitas, dentro de un mercado de servidores publicitarios en el que Google controla el 40 %. Algo parecido sugiere el caso de la ocupación de viviendas, cuya presencia mediática convive con un negocio de alarmas y seguros en fuerte crecimiento pese a que las viviendas ocupadas fueron 15.289 en 2024 según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, apenas el 0,057 % del parque, y a que el Estado español figura en el puesto 21 de Europa por incidencia y en el segundo por preocupación, una relación sugerente cuya causalidad, con todo, no se ha demostrado.

### Influencia de gobiernos extranjeros

Entre los gobiernos extranjeros que intervienen en la información pública de las potencias occidentales, el de Israel destaca por el volumen documentado de su gasto y por la nitidez de su huella en la cobertura de los grandes medios.

Los documentos de contratación del propio Gobierno israelí que divulgaron los periodistas Jack Poulson y Lee Fang muestran que la Agencia de Publicidad del Gobierno, dependiente de la Oficina del Primer Ministro, contrató en junio de 2025 una campaña de seis meses por unos 45 millones de dólares con Google y YouTube, a los que se sumaron alrededor de 3 millones con X y 2,1 con Outbrain y Teads, bajo una denominación, *hasbara*, que el propio contrato empleaba y con anuncios que llegaban a calificar de "mentira" la hambruna en Gaza. A ello se añaden, según los registros presentados en EEUU bajo la ley de agentes extranjeros, los pagos del Ministerio de Asuntos Exteriores a entre catorce y dieciocho influencers, con una tarifa estimada de 7.000 dólares por publicación, un contrato de 3,2 millones para captar a creadores evangélicos y los 2 millones con que el Ministerio de la Diáspora financió en 2024 a la consultora STOIC para desplegar una red de cuentas falsas dirigida a congresistas demócratas, que Meta desmanteló y OpenAI denunció.

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Contratos del Gobierno israelí divulgados por Poulson y Fang, registros FARA y NPR · 5 contratos, 2024-2025.

En la política estadounidense, AIPAC (American Israel Public Affairs Committee, el principal grupo de presión proisraelí del país) y su comité de acción política superaron los 100 millones de dólares en el ciclo electoral de 2024, de los cuales 14,5 millones se destinaron a desacreditar a un congresista crítico con Israel. Aunque el efecto de esta presión sobre la cobertura resulta difícil de aislar, existen estudios dedicados a esta cuestión. El análisis de más de 1.100 artículos publicado por The Intercept, menciona que The New York Times, The Washington Post y Los Angeles Times mencionaron a los israelíes ocho veces por cada víctima israelí y a los palestinos una vez por cada dos víctimas palestinas durante las seis semanas posteriores al 7 de octubre de 2023\. Por su lado, el estudio del Centre for Media Monitoring sobre 3.873 artículos y 32.092 piezas de la BBC, estimó una cobertura 33 veces mayor por cada baja israelí y un uso del término "asesinato" de 220 veces frente a una.

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Centre for Media Monitoring (BBC, oct. 2023-oct. 2024) y The Intercept (NYT, Washington Post y LA Times, seis semanas).

Junto a estos indicadores están las directrices internas como el memorando del New York Times que desaconsejaba emplear "genocidio" o "territorio ocupado", revelado por The Intercept en 2024, y compromisos corporativos tan explícitos como los principios de Axel Springer, que exigen a su plantilla apoyar el derecho de Israel a existir. En el Estado español la presión ha adoptado formas más locales, entre las que sobresalen la campaña judicial del lobby sionista ACOM contra los ayuntamientos que aprobaron resoluciones de boicot, saldada según sus propias cifras, recogidas por The Times of Israel, con catorce acuerdos anulados y al menos siete retirados ante sus advertencias, y la Friends of Israel Initiative impulsada por el expresidente José María Aznar, en cuya fundación española figuraron Pablo Casado y Rafael Bardají, este último incorporado después a la dirección de Vox.

### Aparato policial y prensa

La colaboración entre determinados estamentos del aparato del Estado y determinadas cabeceras es otro eslabón de esta cadena, pues une los intereses que actúan sobre la policía con la capacidad de difusión de la prensa, ya sea en momentos electorales decisivos o en montajes policiales concretos. Así ocurrió el 27 de octubre de 2014, dos semanas antes de la consulta catalana del 9 de noviembre, cuando El Mundo abrió su portada con una supuesta cuenta de 12,9 millones de euros del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, atribuida a informaciones de fuerzas policiales. Tres días después, el banco UBS certificó que Trias nunca había sido cliente de la entidad, y dos meses más tarde la Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia policial. Según la reconstrucción de elDiario.es, el esquema reproducía el de la información sobre Artur Mas que el mismo diario había publicado durante la campaña catalana de 2012.

Dos años más tarde, de nuevo en campaña, varios medios difundieron que el Gobierno venezolano había ingresado dinero en una cuenta del dirigente de Podemos Pablo Iglesias en las Granadinas. La querella presentada a partir de esas informaciones acabó archivada porque se apoyaba en "simples noticias".

Las mismas prácticas de espionaje se pusieron además al servicio de intereses empresariales, como muestra la imputación del BBVA como persona jurídica, acordada en julio de 2019 por el juez Manuel García Castellón por cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares. La investigación apunta a los encargos que el banco hizo al entorno del comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017, entre ellos una operación para impedir la entrada de Sacyr en su consejo. Según Público, esa operación incluyó el seguimiento de más de 4.000 teléfonos de políticos, como el entonces ministro de Industria Miguel Sebastián, de empresarios y de periodistas.

Iberdrola, por su parte, pagó alrededor de un millón de euros entre 2004 y 2012 por trabajos que, según el escrito de acusación de Florentino Pérez recogido por The Objective, incluyeron espiar al presidente de ACS cuando esta constructora intentaba entrar en el consejo de la eléctrica. En 2024 el juez envió a juicio por estos hechos al antiguo jefe de seguridad de Iberdrola, a Villarejo y a su socio, después de que la Audiencia Nacional confirmara en 2023 el archivo de la causa para el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán.

## Desinformación

### Emisores de información falsa

Aunque la mentira atraviese todo el espectro político institucional, dado el carácter mismo que adoptan hoy en día las comunicaciones políticas o la propaganda difundida mediante terceros, esa tendencia no se reparte por igual. Los estudios que analizan todo lo publicado por los representantes, y no solo las afirmaciones que seleccionan los verificadores, coinciden en situar la mayor oferta de fuentes falsas en la ultraderecha. 

Uno de los mas amplios lo publicaron Petter Törnberg y Juliana Chueri en 2025 en The International Journal of Press/Politics. Los autores analizaron 32 millones de mensajes emitidos entre 2017 y 2022 por 8.198 parlamentarios de 26 países, entre ellos el Estado español, y concluyeron que el populismo de ultraderecha es el rasgo que mejor predice el uso de fuentes de baja factualidad. Para medirlo, clasificaron más de 580.000 enlaces compartidos por los parlamentarios según la calificación que la base de datos Media Bias/Fact Check otorga a cada medio a partir de su historial de exactitud, y relacionaron la puntuación media de cada partido con características como su ideología o su grado de populismo. De todas ellas, la pertenencia a la extrema derecha era la que más se asociaba al recurso a medios que publican con frecuencia información falsa o no contrastada. El que el estudio llama "populismo de izquierda", en cambio, no se distingue en este aspecto de los partidos convencionales.

Jana Lasser y sus colaboradores llegaron a resultados parecidos tras examinar 3,4 millones de mensajes de congresistas estadounidenses y de diputados británicos y alemanes entre 2016 y 2022\. Los republicanos enlazaban nueve veces más fuentes no fiables que los demócratas, y su proporción pasó del 2,4 % al 5,5 % en seis años, sin equivalente en Europa salvo en el caso del partido neonazi alemán AfD. Desde el lado de la audiencia, el estudio dirigido por Sandra González-Bailón sobre 208 millones de adultos estadounidenses en Facebook, publicado en *Science*, mostró que el 97 % de los enlaces políticos calificados como falsos por los verificadores circulaba entre audiencias conservadoras. Por su parte, el recuento de The Washington Post atribuyó a Donald Trump 30.573 afirmaciones falsas o engañosas durante su primer mandato, unas 21 al día.

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Lasser et al., PNAS Nexus (2022), con clasificación de NewsGuard · 3,4 millones de mensajes de legisladores de EE. UU., Reino Unido y Alemania.

Para el Estado español todavía no existe un estudio comparable que trabaje con la totalidad de lo publicado. La referencia disponible es la muestra aleatoria de 268 verificaciones políticas de Newtral publicadas entre 2018 y 2022 que analizaron García-Marín, Rubio-Jordán y Salvat-Martinrey. En ella, la proporción de afirmaciones calificadas como falsas es del 55,6 % en el PP, el 43,1 % en el PSOE, el 42,4 % en Vox y el 27,6 % en Podemos, y el PP es además la formación más verificada. A pesar de las diferencias existentes, tomando en cuenta la totalidad de los factores (como las afirmaciones engañosas y demás), el estudio concluye que no hay diferencias significativas entre partidos a la hora de emplear la mentira.

Un recálculo propio sobre la tabla publicada, realizado mediante una prueba de "chi cuadrado" (χ²), llega al mismo resultado. Esta prueba parte de una hipótesis de referencia, la de que todos los partidos tienen el mismo perfil de veredictos, y calcula cuántas afirmaciones falsas, engañosas, verdades a medias y verdaderas cabría esperar en cada partido si esa hipótesis fuera cierta. Después compara esas cifras esperadas con las que aparecen realmente en la muestra. El estadístico χ² resume en un solo número la distancia entre lo esperado y lo observado, de modo que cuanto mayor es, más se alejan los partidos de un perfil común, y en este caso vale 16,6\. Para saber si esa distancia es grande o pequeña hay que tener en cuenta los denominados como "grados de libertad", que dependen del tamaño de la tabla. En una tabla de cinco partidos y cuatro veredictos son 12, resultado de multiplicar cuatro por tres, ya que, conocidos los totales, la última casilla de cada fila y de cada columna queda determinada por las demás. Con 12 grados de libertad, el estadístico tendría que superar aproximadamente el valor de 21 para que la diferencia se considerase significativa, y 16,6 queda por debajo de ese umbral.

La misma idea se expresa con el valor p, que indica la probabilidad de encontrar diferencias tan grandes como las observadas solo por azar, es decir, en el caso de que todos los partidos se comportaran en realidad del mismo modo. Un valor p de 0,16 significa que eso ocurriría aproximadamente en uno de cada seis casos, una frecuencia demasiado alta para descartar la casualidad. Sucede algo parecido al lanzar una moneda diez veces y obtener seis caras, un resultado que no basta para afirmar que la moneda está trucada. Por convención, una diferencia solo se considera significativa, es decir, difícil de atribuir al azar, cuando esa probabilidad es inferior al 5 %, lo que equivale a un valor p menor que 0,05\. Si se agrupan las afirmaciones falsas y las engañosas y se comparan con el resto, el valor p baja a 0,04 y la diferencia pasa a ser significativa, aunque por escaso margen. Esa diferencia no separa a la derecha de la izquierda, sino que se debe a que Podemos registra un 69 % de afirmaciones falsas o engañosas, frente a valores de entre el 86 % y el 91 % en los demás partidos.

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García-Marín, Rubio-Jordán y Salvat-Martinrey, Revista de Comunicación (2023) · 236 verificaciones de los cinco partidos con más casos.

Estas proporciones describen lo que ocurre con las afirmaciones que el verificador (en este caso, Newtral) decide comprobar, que suelen ser las sospechosas, y no la tasa real de falsedad de cada partido. Por eso, que la suma de falsas y engañosas alcance el 90,9 % en Vox y en el PP y el 86,2 % en el PSOE dice más del criterio de selección que de los emisores (los partidos y dirigentes autores de esas afirmaciones). Algo parecido sucede con el cara a cara de julio de 2023, en el que las cuatro agencias de verificación detectaron seis afirmaciones falsas o engañosas de Alberto Núñez Feijóo y cuatro de Pedro Sánchez, según un estudio publicado en la revista Zer, ya que esas cifras retratan un único debate.

La percepción ciudadana, en este caso, coincide en cierta manera con lo medido, y es realmente significativa, puesto que el 91,7 % consideró que algunos partidos usan los medios para desinformar. En la encuesta del CIS de mayo de 2026, el 34,2 % de los entrevistados identificó a Vox como el partido que más bulos utiliza, por delante del PSOE (23,7 %) y del PP (7,7 %). El Digital News Report de 2025, por su parte, cifraba en el 57 % la proporción de ciudadanos del Estado español que ven a los políticos de nivel estatal como una amenaza desinformativa importante, diez puntos por encima de la media de 47 países.

### Difusión y algoritmos

Ninguna oferta de falsedad tendría relevancia política sin canales dispuestos a amplificarla, y la evidencia indica que el ecosistema mediático y la composición de las redes sociales actualmente favorecen enormemente la propagación de bulos o discursos simplistas. En 2018, Soroush Vosoughi, Deb Roy y Sinan Aral publicaron en Science el seguimiento de unas 126.000 cascadas difundidas por tres millones de personas en Twitter entre 2006 y 2017\. Según sus resultados, las informaciones falsas tenían un 70 % más de probabilidades de ser compartidas que las verdaderas, y estas tardaban unas seis veces más en alcanzar a 1.500 personas. La ventaja de lo falso era máxima en las noticias políticas.

A esa ventaja propia de lo falso se suma un sesgo algorítmico documentado. El experimento de Ferenc Huszár y sus colaboradores, publicado en PNAS con cerca de dos millones de cuentas y datos de 2020, mostró que el algoritmo de Twitter amplificaba más a la derecha convencional que a la izquierda en seis de los siete países analizados, entre ellos el Estado español, con Alemania como única excepción. Tras la compra de la plataforma por Elon Musk, Germain Gauthier, Roland Hodler, Philine Widmer y Ekaterina Zhuravskaya publicaron en Nature, en 2026, un experimento independiente con unos 5.000 usuarios estadounidenses. Siete semanas de exposición al feed algorítmico desplazaban las actitudes hacia posiciones conservadoras en torno a 0,1 desviaciones típicas y relegaban a los medios tradicionales. La desviación típica mide cuánto suelen diferir las opiniones de unas personas a otras, de modo que un desplazamiento de 0,1 equivale a una décima parte de esa variación habitual. Para hacerse una idea, una persona situada justo en el punto medio de la escala de actitudes pasaría a ser más conservadora que aproximadamente el 54 % de la población, en lugar del 50 %. Es un efecto modesto a escala individual, pero no despreciable si se tiene en cuenta que bastaron siete semanas para producirlo y que la plataforma la utilizan cientos de millones de personas. El efecto, además, persistía a través de las cuentas que los usuarios empezaban a seguir.

Global Witness observó algo similar antes de las elecciones alemanas de 2025\. El 64 % del contenido partidista que X recomendaba a cuentas nuevas sin preferencias favorecía a AfD, y en TikTok la proporción llegaba al 78 %. Las muestras eran pequeñas, pero un cálculo propio indica que, si los cuatro partidos seguidos en la prueba hubieran tenido la misma visibilidad, la probabilidad de obtener esos resultados por azar sería inferior a dos entre diez mil en X y prácticamente nula en TikTok.

### Corrección y percepción pública

Sin una reflexión acerca de si el formato mismo del modo en el que se recibe hoy en día la información es de alguna manera justo o imparcial, cabría esperar que el desmentido neutralizase al menos parte de esa ventaja. Sin embargo, los experimentos de Briony Swire-Thompson y sus colaboradores indican que la corrección modifica la creencia, pero no la adhesión. Los votantes a quienes se corregían afirmaciones falsas de su candidato confiaban menos en ellas, aunque mantenían la misma valoración del candidato. Brendan Nyhan y sus coautores replicaron el resultado con votantes de Trump, cuyas percepciones erróneas se corregían sin que variase su preferencia electoral. A escala agregada la persistencia es igual de visible, como muestra una encuesta de CNN según la cual en 2023 el 69 % de los republicanos seguía considerando ilegítima la victoria de Joe Biden. En el Estado español, la Audiencia Provincial de Madrid amparó como "lucha ideológica legítima" el cartel de Vox que contraponía los 4.700 euros mensuales atribuidos a un menor extranjero tutelado con una pensión de 426 euros a una anciana, pese a que sus cifras eran falsas.

El resultado es una brecha creciente entre la realidad contrastada y la percepción pública. En el barómetro del CIS de septiembre de 2024, la inmigración apareció por primera vez como principal problema del país, citada por el 30,4 % de los encuestados, aunque solo el 13,7 % decía que le afectaba personalmente. Entre 2005 y 2023 la población extranjera pasó de 3,7 a 7 millones mientras la tasa de criminalidad descendía nueve puntos, y la evidencia internacional recopilada por FEDEA (entre otros muchos) no encuentra un efecto causal de la inmigración sobre la delincuencia.

En agosto de 2024, tras el asesinato de un niño de once años en Mocejón, numerosas cuentas atribuyeron el crimen a personas migrantes, aunque el detenido era un joven nacido en el Estado español. Izquierda Unida denunció ante la Fiscalía los mensajes de odio publicados, entre otros, por el eurodiputado Alvise Pérez y por un concejal de Vox. Un año más tarde, en Torre Pacheco, varias noches de disturbios estuvieron acompañadas de vídeos antiguos o grabados en otros lugares y de un cartel con las fotografías de cinco hombres que, según Maldita, también difundió Alvise Pérez, y la Fiscalía de Murcia abrió diligencias contra el presidente regional de Vox por sus declaraciones. En ninguno de los dos casos hizo falta que la información fuera cierta para que tuviera efectos sustanciales, siendo esa independencia entre veracidad y eficacia la que convierte la falsedad en un recurso político tan rentable.

### Televisión y prensa parlamentaria

Aunque su audiencia envejece, la televisión conserva el mayor alcance entre el electorado de más edad, y su papel en la circulación de falsedades no se limita a espacios marginales. Horizonte, emitido por una cadena generalista del grupo Mediaset (Cuatro), ya había dedicado espacio a teorías sin base sobre el origen de la COVID antes de su especial sobre la DANA, y siguió en antena después del récord de audiencia de noviembre de 2024, lo que indica que el riesgo reputacional pesa menos que el rendimiento comercial. En Europa, CNews en Francia y GB News en el Reino Unido representan un modelo de canal informativo alineado con la extrema derecha y sostenido por grandes fortunas. En el caso británico, ese modelo le costó a GB News en 2024 una sanción de 100.000 libras del regulador Ofcom por ofrecer al entonces primer ministro una tribuna sin contraste.

En el Congreso de los Diputados, la frontera entre periodismo y agitación se difuminó hasta el punto de obligar a reformar el reglamento de la Cámara. El nuevo artículo 98 se aprobó con el voto en contra del PP, de Vox y de UPN, y en mayo de 2026 se tramitaban a su amparo ocho denuncias contra Vito Quiles y tres contra Bertrand Ndongo por interrumpir comparecencias y seguir a diputadas. Ambos estaban acreditados a través de EDATV y Periodista Digital, dos portales que reciben publicidad del Ayuntamiento de Madrid y de la Junta de Castilla y León, lo que ilustra hasta qué punto se solapan los circuitos de financiación pública y los de agitación. Sigue sin existir, en cambio, una medición sistemática de la frecuencia de afirmaciones falsas en los telediarios y en las tertulias de los grandes canales, lo que complica su medición cuantitativa.

## Marco jurídico

### Regulación de la información falsa

Lejos de ser un accidente, el bajo coste de la mentira responde también a un diseño jurídico que, con el supuesto propósito de proteger la libertad de información, ha renunciado casi por completo a sancionar la falsedad en sí misma. El artículo 20.1.d de la Constitución protege la comunicación de información "veraz". Sin embargo, desde las sentencias 6/1988 y 105/1990 el Tribunal Constitucional interpreta que la veracidad no equivale a verdad material, sino a una diligencia profesional media en la comprobación de los hechos, que puede variar según la fuente y la relevancia de lo publicado. En consecuencia, la información errónea obtenida con una diligencia aparente queda protegida, y la carga de demostrar lo contrario recae sobre quien la sufre.

Los remedios ordinarios refuerzan esa condición, empezando por la Ley Orgánica 2/1984, que solo obliga a publicar una rectificación cuando el afectado la solicita y no prevé sanción económica. La protección civil del honor exige procesos largos, con indemnizaciones que rara vez guardan proporción con el beneficio obtenido. La vía penal es todavía más estrecha, ya que la calumnia requiere imputar un delito sabiendo que es falso o con temerario desprecio hacia la verdad, y el delito de odio del artículo 510 del Código Penal exige, según la interpretación restrictiva del Tribunal Supremo, un peligro abstracto de incitación a la violencia, hecho que acaba en una cuestión meramente interpretativa del aparato judicial.

La regulación más reciente también es continuista, puesto que La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 no tipifica como infracción específica difundir información falsa, y el procedimiento contra la desinformación que aprobó el Consejo de Seguridad Nacional en 2020 se limita a tareas de detección y coordinación. La nueva ley de rectificación aprobada por el Consejo de Ministros en enero de 2026 extiende el derecho a las plataformas y a los usuarios con más de 100.000 seguidores, pero tampoco prevé multas ni sanciones.

Los efectos de esta arquitectura se aprecian en casos recientes como el amparo judicial al cartel de Vox ya mencionado o la decisión del Tribunal Supremo, en 2025, de no investigar a Alvise Pérez por difundir las fichas policiales de 79 detenidos sugiriendo que todos habían cometido robos violentos. El tribunal no apreció peligro abstracto para la población extranjera. Los procesos que sí avanzan contra él se refieren al acoso a una fiscal, a la financiación de su campaña y a la difusión de una PCR falsa atribuida a Salvador Illa. Este último es el único vinculado a una falsedad, y en él Alvise Pérez reconoció el delito ante el tribunal. Del mismo modo, las cinco sentencias de rectificación que un mismo demandante obtuvo frente a OKDiario no conllevaron sanción económica alguna.

En el ámbito europeo, el Reglamento de Servicios Digitales permite sancionar los fallos sistémicos de las grandes plataformas. Del mismo modo, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios exige transparencia en la publicidad estatal sin entrar en la veracidad de lo publicado. Un caso mediático, la primera multa impuesta a X de 120 millones de euros en diciembre de 2025, se impuso con el objeto de castigar su sistema engañoso de cuentas verificadas, la opacidad de su repositorio de anuncios y las trabas al acceso de los investigadores, y no la difusión de desinformación. Para corporaciones de este tamaño, en cambio, una multa de esa cuantía carece prácticamente de capacidad disuasoria. En el caso de X equivale a menos de una milésima parte de la fortuna de su propietario, Elon Musk, que se mide en cientos de miles de millones de dólares, por lo que la empresa puede asumirla como un coste más de su actividad sin modificar su conducta.

En el Estado fracés, la ley de 2018 contra la manipulación de la información solo permite a un juez retirar falsedades manifiestas, artificiales y masivas durante los tres meses previos a una elección estatal. Cuando el regulador Arcom decidió en julio de 2024 no renovar la frecuencia de C8, del grupo de Vincent Bolloré, mantuvo la de CNews, una decisión que Reporteros sin Fronteras calificó de "valiente pero insuficiente". En el Reino Unido, Ofcom puede sancionar la falta de imparcialidad debida, como hizo con GB News en 2024, aunque el Tribunal Superior anuló en febrero de 2025 otras dos de sus resoluciones contra la cadena por interpretar el código de forma demasiado amplia.

El caso de EEUU representa el punto álgido de esta práctica, puesto que allí la protección constitucional de la falsedad es todavía más amplia. Desde 1964, la doctrina New York Times contra Sullivan exige que el cargo público difamador demuestre malicia real, y en 2012 el Tribunal Supremo anuló, por seis votos contra tres, una ley que castigaba mentir sobre condecoraciones militares. La responsabilidad civil por difamación tampoco corrige el problema de fondo. Fox News pagó en 2023 787,5 millones de dólares a Dominion para evitar el juicio por las mentiras sobre el fraude electoral, y Newsmax abonó 67 millones en 2025, pero ninguna de las dos cadenas se retractó ni pidió disculpas en antena. Según Associated Press, en el segundo trimestre de 2025 Fox News tenía un 56 % más de espectadores en horario de máxima audiencia que dos años antes y reunía el 62 % de la audiencia de los tres grandes canales de noticias por cable, frente al 45 % de 2023\. Estas indemnizaciones, además, solo están al alcance de empresas con recursos para litigar, y no de los colectivos o adversarios señalados por la mentira.

Al mismo tiempo, la vía judicial se ha convertido en un instrumento de presión desde el poder. ABC News aceptó pagar 15 millones de dólares a la futura biblioteca presidencial de Donald Trump en diciembre de 2024, y Paramount, propietaria de CBS, otros 16 millones en julio de 2025, mientras esperaba que el Gobierno aprobara su fusión con Skydance. En el caso de CBS, sus propios abogados habían calificado la demanda de completamente infundada, y el acuerdo no incluyó ninguna disculpa. En el Estado español, donde ni siquiera existen indemnizaciones de esa escala, quien difunde una falsedad sobre un colectivo, un adversario o una catástrofe se expone, como mucho, a publicar una rectificación que llega tarde y a un público distinto.

### Conclusiones

No es ningún descubrimiento que los medios de comunicación no informan desde un lugar neutral, sino desde la posición que les asigna quien los financia, conformando así un aparato propagandístico capaz de llegar a todas las casas. La publicidad institucional se concentra en las cabeceras afines a los gobiernos que la reparten, y partidos, empresas y gobiernos sostienen con dinero o influencias directas, aparatos mediáticos a su servicio. A ello se suman casos del aparato policial que han llevado a portada informaciones sin fundamento en momentos políticos decisivos o han puesto el espionaje al servicio de grandes empresas. Lo que se presenta como "libertad de prensa" funciona, en buena medida, como un mercado de influencia en el que la línea editorial se ajusta al interés político de quien la paga, que a su vez queda amparada por un paraguas legal funcionalmente ambiguo.

La verdad, por su parte, ha dejado de ser una condición necesaria (si es que lo ha sido alguna vez). En ese juego, queda cuantificado que la ultraderecha recurre a la mentira de forma sistemática, tanto a través de sus representantes como de los medios que la amplifican, porque lo falso simplemente les es necesario y, sobre todo, más efectivo que lo verdadero.

En las democracias capitalistas avanzadas, la comunicación es un recurso que se compra, se fabrica y se manipula sin un coste social para quien lo hace. Quienes pagan, poseen o regulan los medios encuentran en esa indiferencia ante la verdad una ventaja que emplean sistemáticamente.

Pero además de la intencionalidad, un contenido efímero, impactante y fácil de entender, independientemente de si es veraz o no, actúa como un producto perfecto en la actualidad. Por un lado, es capaz de despolitizar el tema en cuestión mediante la aportación inmediata de una explicación que no requiere de una reflexión profunda del receptor, pero aparenta ser cierta, encajando perfectamente en el formato inmediato que adoptan las redes sociales y, en general, los formatos hacia los que se tiende en la actualidad (buscando una hiperestimulación y evitando la necesidad de prestar atención y reflexionar). Por otro, resulta fácil de recordar y de reproducir a modo de argumento (o de "zasca"), facilitando a su vez que se propague. Por último, adopta la forma de mercancía audiovisual idónea dado que, al resultar tan fácil de digerir, tiende a ser impactante o satisfactorio, y por ende, a captar más atención; hecho que es beneficioso para la prensa o los canales de difusión mediática actuales.

De esta manera, aquellos discursos que no busquen atender a la complejidad intrínseca de la realidad, y no requieran de su comprensión para plantear una perspectiva, propuesta o idea, son automáticamente más susceptibles de ser consumidos, además de que, al cumplir una función política de desarticulación del pensamiento racional, son promocionados y empleados en la misma medida.

### Consultas de interés

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