> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://diariosocialista.net/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # El Senado francés aprueba la ley “quien rompe, paga” - URL: https://diariosocialista.net/2026/10/30/el-senado-frances-aprueba-la-ley-quien-rompe-paga/ - Published: 2026-10-30T06:00:00.000Z - Updated: 2026-10-30T06:00:00.000Z - Description: Permite cobrar hasta 10.000 euros a cualquiera presente en una concentración, aunque no haya roto nada, y embargar ayudas sociales a familiares; críticos afirman que copia el ‘Código Rocco’ fascista de 1930. - Author: Diario Socialista - Tags: Mundo, Represión, Autoritarismo, #p-2-1 El Senado francés aprobó en la noche del 27 al 28 de octubre, en primera lectura, el proyecto de ley relativo a la “reparación de los daños resultantes de violencias o degradaciones cometidas en el espacio público y al cobro de los daños y perjuicios”. Es la norma que en Francia se conoce popularmente como “casseurs-payeurs”, expresión que significa “quien rompe, paga” y que da nombre a un texto inicialmente de cinco artículos. Salió adelante por 229 votos a favor y 105 en contra tras más de seis horas de debate, según *Les Echos*, *Public Sénat*, *franceinfo* y la agencia AFP. Votaron a favor Les Républicains, los centristas, los macronistas de RDPI y el Rassemblement National (RN). PS, PCF, LFI y ecologistas votaron en bloque en contra. El proyecto se elaboró inicialmente en verano de 2025, después de los disturbios que siguieron a la victoria del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, y sus impulsores macronistas lo recuperaron con urgencia tras las movilizaciones del 17 de octubre contra la carestía de la vida. Las Cámaras de Comercio e Industria de Francia (CCI France) cifraron en más de 2.500 los comercios afectados ese día. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó la norma como una “urgencia” y una cuestión de “sentido común”, y afirmó: “La respuesta no puede limitarse a la sola sanción penal; quienes degradan y destruyen deben también pagar y reparar”. El artículo 1 crea un régimen de responsabilidad civil solidaria para toda persona que haya “participado a sabiendas” (*sciemment participé*) en una “multitud reunida con el objetivo de cometer degradaciones”, o que se mantenga en un “aglomeramiento” (*attroupement*, concentración de personas) “susceptible de alterar el orden público tras dos emplazamientos de las fuerzas del orden”. El Estado podrá reclamar daños y perjuicios de hasta 10.000 euros por persona, incluso a “autores indirectos”. El texto prevé excepciones para “motivos legítimos”, como “observadores independientes” y sanitarios voluntarios que atienden a manifestantes en la calle. El RN intentó elevar el techo a 30.000 euros, pero su enmienda fue rechazada. Por ello, el medio *Contre Attaque* recuerda que “senadores de derecha quieren incluso suprimir ese techo para ir aún más lejos” y describe el mecanismo como una vía para “organizar un chantaje financiero” sobre toda disidencia: “Si una papelera arde en el otro extremo de la marcha y un manifestante tiene la desgracia de no oír una orden de dispersión, podrá ser condenado a una pena elevada sin haber sido consciente de ello y por su sola presencia”. *Contre Attaque* afirma que el texto ataca “la individualización de las penas y el principio de materialidad de la infracción”. ### Embargo de prestaciones sociales El Senado añadió el embargo de prestaciones sociales para recuperar indemnizaciones tras una condena civil definitiva. Esto permite retener parte de las asignaciones familiares, las ayudas personales a la vivienda (APL), el RSA, el complemento familiar, la asignación de regreso a clase, la prima de actividad y otras prestaciones vinculadas a la familia, con “un mínimo vital para vivir garantizado”. El diario euskaldun *Berria*, en una crónica de Leire Casamajou, precisa que el texto inicial solo mencionaba las ayudas familiares, la ayuda a la vivienda y el RSA, y que los senadores incorporaron después el complemento familiar, la asignación de regreso a clase y la prima de actividad, endureciendo aún más el dispositivo en una segunda deliberación. Nuñez anunció que consultará al Consejo de Estado para verificar el “equilibrio entre solidaridad y reparación”. ### “Disposiciones de seguridad”: supresión de libertades políticas y refuerzo de la vigilancia en cascada Los senadores incorporaron además una veintena de “disposiciones de seguridad”: nuevas interdicciones administrativas de manifestarse, uso de drones judiciales y videoprotección algorítmica, retirada de contenidos en redes sociales en menos de 24 horas mediante la ampliación de Pharos, con bloqueo o desreferenciación para las plataformas que incumplan, expulsiones de viviendas sociales para autores de disturbios, interdicción de territorio para extranjeros y agravación de cuantías penales. *Contre Attaque* añade que una enmienda depositada el 26 de octubre obliga a sitios y aplicaciones a retirar en menos de una hora los “llamados a la insurrección” a petición del Estado, sin definir su contenido, y que se prevén penas de “seis meses de prisión y 7.500 euros de multa por haber participado en una manifestación en la vía pública que haya sido prohibida”, con castigos aún mayores para los organizadores, incluidos “colectivos o medios independientes en línea”. El mismo medio recuerda que “el 24 de octubre, Macron hizo prohibir todas las manifestaciones en Francia, un hecho sin precedentes”, en referencia a la prohibición de todas las manifestaciones que no fueran las de los sindicatos. ### ¿Inspiración en la italia de Mussolini? *Contre Attaque* sostiene que el contenido del Código Rocco (la batería penal aprobada en 1930 por el régimen de Mussolini y bautizada con el nombre de su ministro de Justicia, Alfredo Rocco) es “casi palabra por palabra” el mismo que el de esta ley, y que la norma copia sus elementos: castiga el “aglomeramiento sedicioso”, la criminalización de “toda forma de manifestación política que no haya recibido autorización previa expresa del prefecto o de la policía” y la creación de un delito de “devastación y pillaje” o “sabotaje económico ampliado” para poder criminalizar cualquier movimiento de oposición y acusarlo de “complicidad”. El medio califica la norma de “forma químicamente pura de fascismo”. ### RN lo aplaude La izquierda denunció esta “deriva liberticida”: Fabien Gay (PCF) habló de “prevaricación jurídica”; la ecologista Mélanie Vogel afirmó que el texto “instrumentaliza” a los comerciantes y responde a las reivindicaciones sociales con un “castigo colectivo”; Marie-Pierre de La Gontrie (PS) criticó que se haga pagar a toda una familia la responsabilidad de un solo individuo. Amnistía Internacional, sindicatos y el Consejo Nacional de Colegios de Abogados se opusieron. El RN celebró que se incorporen medidas de su programa sobre ayudas sociales, y la derecha del senado, con Bruno Retailleau a la cabeza, lo reivindicó como un texto de “retorno al orden”. El texto pasa ahora a la Asamblea Nacional, donde se prevén debates tensos ante la ausencia de mayoría estable, con posible comisión mixta paritaria y control del Consejo Constitucional. Todavía no es aplicable.