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# El “antifascismo” en las instituciones, los antifascistas en prisión
- URL: https://diariosocialista.net/2026/11/01/el-antifascismo-en-las-instituciones-los-antifascistas-en-prision/
- Published: 2026-11-01T06:00:00.000Z
- Updated: 2026-11-01T06:00:00.000Z
- Description: Informes de 2025 y 2026 revelan un aumento del 66,7% en los casos de vulneraciones de derechos durante protestas, con 61 episodios relacionados con el antifascismo.
- Author: Diario Socialista
- Tags: Dominical de Diario Socialista, Represión, Antifascismo, Dominical Nº23 - Ayer y hoy, antifascistas

El término “antifascismo” ha sufrido una profunda distorsión en el panorama político español de la última década. Mientras en los atriles institucionales se esgrime como un ‘patrimonio moral innegociable’ por parte de los partidos que conforman el actual Gobierno, la realidad estadística documentada en las calles dibuja un escenario diametralmente opuesto. Este llamado “antifascismo institucional”, abanderado por el Gobierno y sus socios de investidura, parece diluirse en el preciso instante en que la población deciden organizarse al margen de los cauces oficiales. Lejos de encontrar refugio en unas administraciones que afirman representarlos, aquellos que se organizan en movimientos de base chocan de frente con un rígido muro de contención. Las mismas instituciones que alertan a diario sobre el peligro de la extrema derecha acaban desplegando, de distintas maneras, una maquinaria represiva contra quienes combaten al fascismo en las calles.

Esta tendencia represiva contra el antifascismo en el Estado español tiene un nombre propio y una fecha: *Los 6 de Zaragoza*. El 17 de enero de 2019, unas 300 personas se concentraron para protestar contra un mitin de Vox en el Auditorio de la capital aragonesa. La policía cargó contra los manifestantes, incluso con balas de goma, y las detenciones no se produjeron durante los enfrentamientos, sino horas después, en un bar cercano. La Audiencia Provincial de Zaragoza los condenó en enero de 2021 a seis años de cárcel para los cuatro mayores de edad, pena que el Tribunal Supremo rebajó después a 4 años y 9 meses por delitos agravados de desórdenes públicos, atentado y lesiones a varios policías. La plataforma Libertad 6 de Zaragoza denuncia que la condena “no se sostiene en prueba alguna” y se basa únicamente en el testimonio policial, que presentó “contradicciones durante el juicio y errores en la identificación”, según declaró su portavoz, Pablo Rochela. Cuatro de ellos ingresaron en prisión en abril de 2024.

La respuesta institucional ha sido una mezcla de indultos selectivos y silencio. En septiembre de 2025, [el Gobierno de coalición PSOE-Sumar indultó a Adrián y Javitxu](https://diariosocialista.net/2025/09/23/el-gobierno-indulta-a-dos-de-los-6-de-zaragoza-tras-mas-de-un-ano-en-prision-por-protestar-contra-vox/), pero dejó en prisión a Imad y Daniel. “Se trata del mismo caso, las mismas detenciones aleatorias y las mismas sentencias injustas, ¿por qué a los otros dos jóvenes no se les ha liberado?”, se preguntó Javitxu Aijón tras su salida, según recoge *Europa Press*. La plataforma sostiene que el Ejecutivo utiliza los indultos selectivos para “[acallar la gran movilización](https://diariosocialista.net/2025/03/04/libertad-6-de-zaragoza-anuncia-movilizaciones-para-marzo-y-abril/)” y que la situación de Imad, en tercer grado penitenciario y recibiendo tratamiento psiquiátrico en un centro de día, se debe a la “presión popular”. A todo ello se suma una condena económica de casi 200.000 euros que, según la plataforma, supone “una doble pena y un castigo que les perseguirá toda la vida”, en palabras de Javitxu, para quien “estás endeudado de por vida, te afecta en todo, cuando quieres pedir una hipoteca, un préstamo de estudios”.

El caso de [los *4 de València*](https://diariosocialista.net/2025/12/07/el-auge-del-fascismo-no-es-casual-ni-fruto-de-grupos-aislados-es-la-respuesta-autoritaria-del-capitalismo-a-sus-crisis-internas/)es otro caso reciente más. También sucedió en 2021, el 30 de julio concretamente; en las inmediaciones del estadio Mestalla, cuatro jóvenes antifascistas se enfrentaron a cinco militantes neonazis vinculados a Bastión Frontal, España 2000 y Ultra Yomus tras recibir insultos racistas. Agentes de paisano de la Brigada Provincial de Información vigilaban a los ultras y presenciaron todo el incidente sin intervenir; solo los antifascistas fueron encañonados, retenidos y, días después, detenidos. Se enfrentan a peticiones de hasta 14 años de cárcel por lesiones, amenazas y "discriminación ideológica", con un embargo previo de 7.800 euros, y el juicio está señalado para el 17 de diciembre en la Audiencia Provincial de València. La acusación particular la ejerce José Luis Roberto, fundador y presidente del partido fascista España 2000 y dueño de Levantina de Seguridad SL.

### Contabilizados 61 casos represivos contra antifascistas en 2025

Para observar la magnitud que adquiere este fenómeno año tras año desde una perspectiva más general, cabe acudir a los balances cuantitativos de los últimos dos ejercicios. La fuente sistemática más exhaustiva es [el informe anual coordinado por la plataforma Defender a quien Defiende](https://defenderaquiendefiende.org/2025-mas-represion-mas-intensidad-contra-la-protesta/), junto a organizaciones como Novact e Irídia. Su cierre correspondiente a 2025 arroja cifras alarmantes. Se documentaron 380 casos de represión, lo que supone un incremento del 66,7% respecto a los 228 incidentes de 2024, según recogen portales como el Institut de Drets Humans de Catalunya. La escalada es aún más evidente si consideramos que los 1.140 abusos reportados en 2024 equivalían ya a la suma total de los años 2022 y 2023\. El salto cuantitativo de 2025 se ha traducido en 1.956 vulneraciones directas de derechos registradas que han afectado a 1.771 personas. En este entramado represivo, el antifascismo se ha consolidado como un foco emergente. Si en años anteriores era un ámbito residual, en 2025 acaparó 61 casos probados, representando el 16% del total, y compartiendo el peso de la represión con las protestas por Palestina, que sumaron entre 90 y 94 casos (cerca del 25%), y los movimientos por la vivienda, con 67 episodios (alrededor del 18%).

Lo más preocupante de esta radiografía es el cambio drástico en el patrón punitivo, porque se ha pasado de la tradicional multa burocrática a una acción más física y coercitiva. El balance detalla 147 casos que atentaron directamente contra la integridad física o moral de 419 personas, además de 76 casos que derivaron en la detención de 324 manifestantes. En conjunto, estas prácticas violentas representan ya más de un tercio de las vulneraciones totales. Los cuerpos policiales, con los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional a la cabeza, son responsables directos del 54,5% de estas acciones, recuperando métodos altamente lesivos como el uso de gas pimienta y balas de goma. Por otra parte, destaca la creciente implicación de actores privados, como empresas de desocupación y asociaciones ultracatólicas, responsables del 19,2% de los incidentes.

Estas estadísticas se traducen en episodios represivos a pie de calle ocurridos durante 2026\. Según ha documentado *Arainfo*, en octubre de 2026, la ciudad de Zaragoza vivió una fuerte carga policial durante una concentración contra la presencia del agitador fascista Vito Zoppellari Quiles. El saldo de la operación dejó cinco manifestantes detenidos (liberados con cargos por atentado y desórdenes) y cerca de doce heridos por impactos de pelotas de goma y porrazos. 

Apenas un mes antes, en septiembre de 2026, Barcelona fue escenario de movilizaciones antifascistas. Los agentes ejecutaron hasta 18 detenciones en un solo día, incluyendo a diez menores de edad. Dinámicas idénticas ocurrieron en A Coruña y Avilés frente a diversos actos de Vox, culminando con tres detenidos y decenas de contusionados por disparos a corta distancia. Este patrón actual difiere del contexto de los años 2000, cuando se documentaron 62 detenciones y entre 54 y 56 encarcelados en un periodo de 10 años en esta tipología.

### La represión del “Gobierno más progresista”

El contexto social en el que operan los gobiernos progresistas añade gravedad a los datos. En 2025, el Estado español registró un récord de 2.417 delitos de odio, un preocupante ascenso del 23,6%, según los datos recogidos por *La Sexta*. De ellos, las agresiones por ideología sumaron 241 casos (un salto del 64%). La violencia política golpea de forma asimétrica, como detalla *Público,* de los 291 ataques perpetrados contra sedes de partidos en la presente legislatura, el 92% tuvo como objetivo locales de la izquierda (238 del PSOE, 17 de IU), mientras que solo el 8% se dirigió a espacios de la derecha (10 de Vox, 7 del PP). Pese a que estas 291 agresiones justifican la alerta antifascista, las delegaciones del Gobierno actúan en sentido contrario en la calle. En abril de 2026, por ejemplo, 5 activistas de Granada fueron imputados por desórdenes públicos tras una protesta que habría sido disuelta por la presión ejercida por Santiago Abascal sobre el dispositivo policial, escenificando la total permisividad institucional.

Esta asimetría represiva resulta especialmente evidente en lugares como Nafarroa. Bajo el Gobierno del PSN, el balance del último año en Iruñerria refleja al menos cinco operaciones policiales contra el movimiento antifascista y ninguna contra grupos de extrema derecha. El caso más reciente tuvo lugar a finales de septiembre de 2026, cuando [la Guardia Civil y la Policía Foral detuvieron a ocho jóvenes en Antsoain, Berriozar y Txantrea](https://diariosocialista.net/2026/09/22/al-menos-cinco-detenidos-en-irunerria-al-parecer-por-los-sucesos-del-dia-de-la-final-del-mundial/) empleando gran violencia, derribando puertas y golpeando a familiares. Se les acusó de estar relacionados con un incidente ocurrido el 19 de julio (día de la final del Mundial) en Berriozar, donde varias personas se enfrentaron a un individuo que vestía una camiseta del grupo neonazi Núcleo Nacional. A esta redada se suman otras tres operaciones en el último año derivadas de las movilizaciones contra el agitador Vito Zoppellari Quiles (con 28 detenidos en junio, 2 en febrero y 3 en noviembre de 2025), así como la detención en junio de 2025 de al menos dos personas por protestar contra la presencia de Vox.

### La “Ley Mordaza” contra el antifascismo

La impunidad que sostiene las 1.956 vulneraciones anuales se fundamenta en un pilar intacto: la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”. Tras más de 11 años en vigor, los sucesivos gobiernos liderados por Pedro Sánchez han ‘fracasado’ en 3 intentos de reforma (en 2019, en 2023 y entre 2024 y 2026), encallados siempre por la negativa a prohibir las pelotas de goma o frenar las devoluciones en caliente. Las cifras de aplicación económica, desnudan el doble discurso. Entre 2015 y 2025, el Estado ha tramitado 2.769.169 sanciones, recaudando un montante de 1.674,8 millones de euros. El dato más devastador para el autodenominado progresismo es que el 77% de estas multas (unas 2.100.000 penalizaciones) se impusieron a partir de junio de 2018, es decir, bajo ejecutivos de izquierda. Solo el 23% restante (cerca de 640.000 sanciones) se tramitó en los 3 primeros años de vigencia bajo el Partido Popular. Cuando la resistencia requiere confrontación directa, el “antifascismo de Estado” o institucional responde invariablemente con detenciones, multas millonarias y juicios, confirmando que la verdadera lucha siempre ha estado a pie de calle.