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# El carácter estructural de la violencia machista
- URL: https://diariosocialista.net/2026/11/22/el-caracter-estructural-de-la-violencia-machista/
- Published: 2026-11-22T06:00:00.000Z
- Updated: 2026-11-22T06:00:00.000Z
- Description: Análisis de datos oficiales y académicos publicados entre 2023 y 2026 sobre la violencia machista y sus bases materiales en el Estado español.
- Author: Diario Socialista
- Tags: Dominical de Diario Socialista, Violencia machista, Dominical Nº26 - Violencia machista, #s-dominical-main

La desigualdad entre mujeres y hombres acostumbra a presentarse como un resto cultural de épocas anteriores que el tiempo va corrigiendo, y la violencia machista como la suma de agresiones que cometen individuos que de alguna manera son violentos, incivilizados o directamente, según la conveniencia del discurso reaccionario, migrantes. Estos discursos simplistas o interesados buscan un efecto determinado, bien sea el de conseguir audiencia mediante una noticia morbosa, bien el de criminalizar a un colectivo u otro cualquiera que, en un momento dado, pueda resultar de interés al que la transmite. En cambio, una narración de hechos de este tipo, sea de manera voluntaria o no, impide ver la complejidad del problema, y por tanto anula las posibilidades de reflexionar acerca de cómo solucionarlo.

Este reportaje tiene como objetivo observar cómo se da esa violencia y si esta se reproduce de forma sistemática a partir de las relaciones económicas y sociales del sistema actual. Se trata de plasmar la violencia machista en sentido amplio, de modo que incluye la violencia física, sexual, psicológica, económica y de control en la pareja, los feminicidios, la violencia vicaria, la violencia sexual fuera de la pareja, el acoso en el trabajo... siempre que las estadísticas y datos empleados, desarrollados en un marco mucho más acotado, lo permitan.

Las cifras del Estado español proceden sobre todo del INE, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la DGVG, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior. Las europeas proceden de Eurostat, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA). Para EEUU se usan la Oficina del Censo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Defensa. La violencia en el trabajo, que ninguna estadística oficial desglosa por ocupación, se documenta con encuestas sindicales y de organizaciones de trabajadoras cuyo diseño se indica en cada caso, porque su alcance no es el de una muestra oficial. 

Los datos policiales y judiciales se leen aparte de los de encuesta, ya que los primeros miden también la disposición a denunciar. Las cifras de la Fiscalía y el CGPJ, que clasifican por nacionalidad, tampoco se mezclan con las de la DGVG y el INE, que lo hacen por país de nacimiento. Como ninguna de estas series da información suficiente como para diferenciar por clase, se toman como aproximación el tramo salarial, la ocupación, el nivel de estudios y la renta del hogar.

## Indicios de la estructuralidad

Comenzando por la comparación salarial (atendiendo solo a los trabajos remunerados), se puede observar que existe una brecha salarial, pero esta varía su cuantía en función de la modalidad de trabajo. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES), que el INE publicó el 28 de mayo de 2026, las asalariadas ganaron de media 26.904,90 euros brutos en 2024, un 16,1 % menos que los hombres. Si se compara la ganancia por hora de quienes trabajan a jornada completa, la distancia se reduce al 1,1 %, lo que sitúa el grueso de la brecha en los cambios de la duración de la jornada y en el tipo de empleo, más que en una diferencia salarial para un mismo empleo. 

Asimismo, la brecha anual alcanza el 26,0 % entre los trabajadores no profesionalizados de los servicios y el 25,6 % entre los profesionales de la industria, mientras que entre los profesionales de la salud y la enseñanza baja al 9,1 %, demostrando, por un lado, que el sector influye, pero la temporalidad también. En este sentido, se observa también que las mujeres quedan sobrerrepresentadas entre quienes no llegan a cobrar el salario mínimo, puesto que representaban el 47,5 % de los asalariados en 2024, pero sumaban el 54,1 % de quienes percibieron en todo el año menos de medio salario mínimo interprofesional (SMI); 2.140.868 asalariadas con un salario medio de 3.367 euros anuales. Es significativo el dato de que, por cada mujer que cobró un sueldo anual de más de 10 veces el SMI, hubo 136 en ese tramo inferior descrito anteriormente, mientras que entre hombres esa proporción pasa a ser de 1 persona entre 32 (más de 4 veces menor).

Lo visto en el párrafo anterior deja claro que la jornada debe depender de algo ajeno al trabajo asalariado que marca diferencias notables; esa diferencia viene principalmente dada principalmente porque los trabajos de cuidados que pesan sobre las mujeres. En 2025 trabajaba a tiempo parcial el 23,7 % de las ocupadas de 25 a 54 años con un hijo, frente al 3,8 % de los hombres en la misma situación. La Encuesta de Población Activa (EPA) contabilizaba además 419.500 mujeres con jornada parcial para cuidar de hijos o dependientes, frente a 32.500 hombres. Según la EPA del cuarto trimestre de 2024, 68.100 mujeres y 14.400 hombres habían dejado un empleo para cuidar, y de las 53.471 excedencias concedidas ese año para atender a hijos o familiares, que no se pagan, el 84,4 % las pidieron mujeres. Pero esto no pasa por igual en todos los estratos de la sociedad, y se ve que la retirada del empleo tiene un sesgo de clase. En 2025 la tasa de empleo de las mujeres con estudios elementales quedaba 19,1 puntos por debajo de la de los hombres con la misma formación, mientras que entre quienes han podido tener acceso a estudios superiores la distancia era de 1,3 puntos.

De esta manera, queda claro que el trabajo no remunerado sigue recayendo en las mujeres. La última Encuesta de Empleo del Tiempo (EET) del INE, de 2009-2010, midió 4 horas y 4 minutos diarios dedicados al hogar y la familia por ellas y 1 hora y 50 minutos por ellos. Los indicadores del EIGE para 2024 apuntan en la misma dirección, con un 59 % de mujeres que hacen tareas domésticas todos los días frente al 39 % de los hombres. De Quinto, Hospido y Sanz (2021) estimaron con la Muestra Continua de Vidas Laborales que los ingresos de las madres caen un 28 % a largo plazo tras el primer hijo. A los 10 años del nacimiento son un 33 % más bajos, mientras que los de los padres lo son un 5 %. En el estudio también se reporta que las mujeres con estudios universitarios absorben ese coste sobre todo reduciendo horas, y las madres sin estudios universitarios tienden más a trabajar menos días al año.

Cuando un hogar puede pagarlo, en cambio, ese trabajo pasa a otras mujeres. El INE constató en la misma EET que cuanto mayores son los ingresos del hogar menos tiempo dedican sus miembros a las tareas domésticas. El empleo del hogar, que es la forma asalariada de ese trabajo de reproducción, lo hacen prácticamente en su totalidad, mujeres de clase trabajadora, y especialmente de los estratos más proletarizados. Funcas contabilizó en 2023 unas 376.000 afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar, el 95,5 % mujeres, y advierte de que una parte de las trabajadoras no está dada de alta en la Seguridad Social. Según Oxfam Intermón, el 69 % de estas trabajadoras son migrantes o de origen extranjero. Su relación laboral especial (Real Decreto 1620/2011) no dio derecho a prestación por desempleo hasta octubre de 2022\. Fuera de los hogares el mismo tipo de trabajo también está devaluado, puesto que las trabajadoras no profesionalizadas de los servicios, entre ellas el personal de limpieza, ganaron de media 14.558,57 euros en 2024, la cifra más baja de todas las ocupaciones (EAES).

Esas diferencias salariales se acumulan a lo largo de la vida y afloran en forma de pobreza cuando las mujeres viven o crían solas a los hijos, creando las condiciones para las dependencias, los chantajes y los abusos que se mencionarán más adelante. La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) mide la renta del hogar y supone que se reparte por igual entre sus miembros, de modo que (si se atiende a la pareja tradicional) la mujer sin ingresos que vive con un asalariado figura con la renta de él. Por eso la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) apenas separa a mujeres y hombres en el agregado (26,8 % frente a 24,5 % en 2025). En cambio, cuando los datos permiten ver las diferencias, el riesgo de pobreza de quienes viven solos es del 28,5 % en ellas y del 20,8 % en ellos, y el AROPE de los hogares monoparentales, que en el 81,4 % de los casos encabeza la madre, llegó al 50,4 % en 2024\. En EEUU, la tasa de pobreza de las familias encabezadas por una mujer sin cónyuge fue del 21,8 % en 2024, 5 veces la de las familias de matrimonios.

Todos esos efectos, en la manera en la que se ordena la vida laboral actualmente, también tienen consecuencias palpables en las pensiones. En noviembre de 2025 la pensión media de jubilación de las mujeres era de 1.208,9 euros al mes, un 30 % menos que la de los hombres. Además, de cada 10 mujeres mayores, 3 dependían adicionalmente de una pensión de viudedad, cuya cuantía media era de 976,7 euros en julio de 2026\. Eurostat sitúa al Estado español como el segundo Estado de la UE con mayor brecha en la pensión mediana de los mayores de 65 años, un 41,1 % en 2024 frente al 24,9 % europeo. Eso quiere decir que, aparte de la comparativa con los países europeos, en el propio Estado español hay unos 12 puntos porcentuales de diferencia entre la pensión media y mediana (que el EIGE sitúa en el 29 %), o lo que es lo mismo, la media es un 38,5 % mayor que la mediana. Este fenómeno, que en hombres también sucede con una diferencia del 15 % representa que hay una mayoría de pensionistas concentradas en cuantías bajas y una minoría con cuantías altas que eleva la media, distorsionando la realidad.

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## El control de la reproducción

De los ejemplos y cifras citadas en el apartado anterior, se pueden deducir muchos de los fenómenos que componen las diferentes facetas que abarca la violencia machista. En primera instancia, un aspecto que históricamente ha cobrado una importancia superlativa en todas las civilizaciones, la capacidad de decidir sobre la maternidad, se ve que en el capitalismo depende también de la renta y del territorio. En 2024 se notificaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), 12,36 por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años. A pesar de que la socialdemocracia abogue formalmente a favor del derecho del aborto, se observa que en la práctica esto no sucede así. El 78,75 % de las IVE se practicó en centros privados o concertados, 14 años después de que la Ley Orgánica 2/2010 reconociera la prestación en la sanidad pública según el propio Ministerio de Sanidad. En Extremadura, Ceuta y Melilla todas las IVE se hicieron en centros privados, en Andalucía el 99,97 % y en Madrid el 99,53 %, aunque existen casos (una minoría) como Cantabria, que practicó en centros públicos el 88,5 %. Entre quienes abortan, el 57,98 % era asalariada y el 17,10 % estaba en paro, y el 30,36 % tenía la ESO o equivalente como estudios más altos, lo que hace indicar que existen muchos casos en los que no es materialmente viable pagar un aborto privado o desplazarse para hacerlo.

La otra cara es la privación de la maternidad o paternidad por falta de medios económicos para poder afrontarlo. En este sentido, también se observa cómo el avance de la Encuesta de Fecundidad de 2025, el 34,8 % de las madres de 18 a 55 años declaró tener menos hijos de los que deseaba. A partir de los 35 años el motivo más citado es laboral o de conciliación, que alega el 29,2 % de las mujeres de 35 a 39 años y el 34,4 % de las de 40 a 44\. Las razones económicas pesan de forma estable en todas las edades, entre el 11 % y el 16 %. Sumadas, explican el 44 % de los casos entre los 35 y los 39 años y el 45,4 % entre los 40 y los 44, el doble o más que la salud. Entre los hombres menores de 30 años alcanzan el 67,5 %.

## El perfil de las víctimas

La violencia machista alcanza, visiblemente, a mujeres de todas las clases, pero, como se ha adelantado en el apartado primero, las posibilidades materiales para sufrirla se establecen sobre todo entre las capas más vulnerables. Así, si se hace una comparativa simple con la renta de los hogares, se observa en la práctica cómo efectivamente la frecuencia crece a medida que disminuyen los recursos de la víctima. La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2024, elaborada con el INE, estima que el 30,3 % de las mujeres de 16 años o más ha sufrido algún tipo de violencia de una pareja a lo largo de su vida. La proporción de las que han sufrido violencia física, sexual o emocional, o miedo de la pareja, sube al 36,5 % en los hogares que ingresan 900 euros o menos al mes, frente al 26,8 % de los que superan los 3.000\. La violencia económica, que la encuesta define como que la pareja impida a la mujer decidir sobre la economía del hogar o trabajar fuera de casa, use su dinero sin consentimiento o se le niegue el acceso al dinero para los gastos comunes, dibuja el mismo gradiente con más intensidad, ya que afecta al 24,5 % de las mujeres de los hogares más pobres y al 9,4 % de las de los más ricos.

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El mismo gradiente aparece también reflejado en sujetos o colectivos más vulnerables o que sufren alguna forma de exclusión. Entre las mujeres con una discapacidad reconocida del 33 % o más, la violencia física de la pareja alcanza el 14,8 %, frente al 9,7 % de las mujeres sin discapacidad. Entre las que tienen una discapacidad psicosocial, la violencia física o sexual llega al 45,9 %, más del triple que en el resto según el DGVG. Las mujeres migradas también declaran más violencia física de la pareja que las nacidas en el Estado español (13,3 % frente a 8,2 %), y todos ellos comparten que disponen también de menos ingresos y que dichas cuotas se amortiguan entre las clases altas.

Las víctimas mortales siguen la misma pauta, con un 35,8 % de mujeres nacidas en el extranjero de media desde 2003 según el CGPJ; el 83,3 % tenía al menos un hijo. El apartado 8 muestra que esa sobrerrepresentación coincide con la posición económica de las migrantes y no con su origen. La relación entre pobreza y violencia se repite además fuera de las encuestas. Lila, Gracia, López-Quílez y Marco (2020, *Preventive Medicine*) identificaron 5.867 casos de violencia de pareja con orden de protección en las 552 secciones censales de València entre 2011 y 2018\. Los barrios con menos renta, menor nivel educativo y más movilidad residencial tenían más riesgo, y lo mantuvieron durante los 8 años.

La evidencia académica de EEUU permite ampliar la muestra. Benson y Fox (Instituto Nacional de Justicia, 2004) hallaron una tasa de violencia de pareja del 9,5 % en las parejas con fuertes dificultades económicas y del 2,7 % en las que no las tenían. Aizer (2010, *American Economic Review*) aprovechó cambios en la demanda de trabajo de los sectores feminizados de California y estimó que la reducción de la brecha salarial influye parcialmente en el 9 % del descenso de la violencia contra las mujeres entre 1990 y 2003.

El extremo de este fenómeno es la explotación sexual. En 2024 la Policía Nacional y la Guardia Civil descubrieron a 1.794 víctimas de trata y explotación, 256 de ellas de redes de trata con fines sexuales, y en 2025 la cifra subió a 1.869\. Las 397 víctimas de explotación sexual sin red de trata de 2024 eran en su mayoría mujeres de 23 a 27 años de Colombia y Paraguay, captadas mediante engaño, violencia o abuso de una situación de vulnerabilidad, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). El Macroestudio del Ministerio de Igualdad estimó que en 2023 había en el Estado español entre 152.735 y 184.234 mujeres en situación de prostitución, el 51,3 % de origen latinoamericano. La Policía Nacional calcula que al menos el 80 % de las mujeres prostituidas en el Estado español son víctimas de trata, y APRAMP sitúa el mínimo por encima del 90 %.

## La violencia en el trabajo

La violencia machista en el centro de trabajo, a pesar de ser relativamente menos frecuente que en el hogar, nuevamente muestra grandes diferencias dependiendo del sector. El estudio de la Fundación 1º de Mayo publicado en julio de 2026, con una encuesta representativa a 1.000 asalariados, estima que el 18,3 % de las mujeres sufre directamente violencia laboral, frente al 14,8 % de los hombres. El 38,8 % de esas víctimas ha percibido violencia sexual, lo que equivale al 7 % de todas las asalariadas. La exposición alcanza el 39 % en la sanidad y la atención social y el 38 % en el comercio minorista y la hostelería, y el 75,4 % de quienes están expuestas señala a usuarios o clientes entre los agresores, que son el contacto diario en la atención y el cuidado. En la encuesta europea EU-GBV, el 28,2 % de las mujeres nacidas en el Estado español y el 30,8 % de las europeas declara haber sufrido acoso sexual en el trabajo a lo largo de su vida, una proporción que entre las jóvenes de la UE supera 4 de cada 10\. Asimismo, el estudio estima que solo 4 de cada 10 víctimas lo comunican por una vía oficial.

El riesgo aumenta cuando el trabajo se hace a solas y en un domicilio ajeno. En la encuesta de CCOO de Castilla-La Mancha a 435 auxiliares de ayuda a domicilio, publicada en diciembre de 2022, el 54 % declaró haber sufrido acoso sexual laboral. En más de la mitad de las 866 situaciones descritas el acosador era el usuario del servicio, por delante de los superiores y de otros hombres que vivían en la casa. El 99,4 % de quienes respondieron eran mujeres, y el estudio describe un trabajo que se hace normalmente en solitario y en la vivienda de la persona atendida. Las encuestas que el sindicato el sindicato ELA hizo en 2022 en 402 empresas detectaron 183 casos de acoso sexual, más del 80 % en el ámbito sociosanitario y sobre todo en las residencias y en la ayuda a domicilio.

El empleo doméstico interno reúne todas esas condiciones, puesto que la trabajadora vive en el lugar de trabajo, depende del empleador para el salario y a menudo también para la residencia legal, y trabaja sin testigos. Oxfam Intermón estimaba en 2021 que unas 40.000 mujeres trabajaban como internas y que 9 de cada 10 eran extranjeras. En una encuesta de Oxfam Intermón y la Asociación Por ti Mujer, el 49,2 % de las trabajadoras del hogar declaró haber sufrido algún tipo de violencia en el trabajo. La misma proporción sufrió un control excesivo mediante cámaras, llamadas y mensajes incluso en su tiempo libre, el 29,7 % sufrió impagos de salario y el 17,1 % recibió proposiciones sexuales. Las trabajadoras extranjeras declararon 4 veces más proposiciones sexuales y el doble de tocamientos sin consentimiento que las nacidas en el Estado español, y las que sostenían con su salario a toda la familia recibieron más insultos y humillaciones que el resto (50,3 % frente a 42,2 %). En una encuesta de *El Salto* a 106 trabajadoras del hogar migrantes, de las que cerca de 4 de cada 10 estaban en situación administrativa irregular, 16 señalaron el miedo a perder el empleo como principal motivo para no denunciar la violencia de sus empleadores.

Por último, se observa también que la dependencia es todavía más estrecha cuando el empleo condiciona la residencia. Ejemplo de ello es que la campaña de la fresa de 2018 en Huelva, 17 temporeras marroquíes contratadas en origen denunciaron agresiones, abusos sexuales y explotación laboral. En diciembre de ese año un juzgado de La Palma del Condado archivó la causa de 4 de ellas contra el empresario de una finca de Almonte, pero al cabo de 2 años ninguna de las denuncias había llegado a juicio según el diario *Público*. En estos casos, el contrato en origen vincula la estancia en el Estado español la voluntad del empleador y obliga a regresar al terminar la campaña, lo que convierte la denuncia en un riesgo para la deportación temprana de la trabajadora.

## La dependencia económica en el hogar

La violencia dentro del hogar, que es el escenario en el que más se registra, la garantizan en muchas ocasiones las condiciones económicas y la imposibilidad material de escapar. Las mujeres que viven en pareja en el Estado español cuentan de media con un 28 % menos de medios económicos que sus parejas hombres, y la Macroencuesta de 2024 que entre las mujeres cuya pareja toma sola las decisiones económicas del hogar, el 38,5 % ha sufrido violencia de esa pareja, unas 5 veces más que cuando las decisiones se comparten. El 11,7 % de las mujeres ha sufrido violencia económica de una pareja (según la misma definición del apartado 1), el 13,5 % si se incluye el impago de las pensiones de alimentos, y la violencia psicológica o la económica acompañan al 95,6 % de las relaciones en las que hay violencia física o sexual. En los registros policiales la violencia económica aparece sobre todo como impago tras la ruptura, ya que de los 18.235 hechos de violencia económica contra mujeres registrados entre 2015 y 2019, el 91,8 % fueron impagos de prestaciones económicas según el Ministerio de Interior.

La vivienda compartida es el lugar donde esa dependencia se exacerba, puesto que de las 48 mujeres asesinadas por su pareja o expareja en 2025, 39 convivían con el agresor y 30 seguían con él, según la DGVG. El CGPJ calculó para 2024 una convivencia del 66,7 %, por encima del 62,2 % de la serie iniciada en 2003\. En cambio, también se pueden medir las consecuencias de aquellas que consiguen salir de esa situación, puesto que el 50,4 % de los hogares monoparentales vive en riesgo de pobreza o exclusión. En una encuesta de la Fundación Adecco a 490 mujeres víctimas de violencia de género, publicada en 2025, el 67,8 % no tenía empleo cuando empezaron las agresiones.

En este sentido, la visibilidad del fenómeno alcanza cotas muy bajas, puesto que la interposición de una denuncia de cualquier tipo también acaba con consecuencias negativas para la denunciante. Según la macroencuesta de 2024, denunció únicamente el 27,3 % de las víctimas de violencia de pareja de hogares con 900 euros o menos al mes, y paralelamente se observa que una vez hecha la denuncia también hay personas que la retiran, siendo el motivo más citado el de los hijos. El 31,8 % de quienes la retiraron contra una expareja alegó que era el padre de sus hijos. Retiró la denuncia el 18,8 % de las que denunciaron a una expareja y el 56,8 % de las que denunciaron a su pareja actual, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019.

## Feminicidios

La cuantificación exacta de la violencia machista resulta difícil de estimar mediante los mecanismos que se emplean hoy en día, ya que por un lado, se pueden contar los feminicidios, que ofrecen una imagen únicamente del caso más extremo, pero por otro, las encuestas de victimización captan valores con definiciones y muestras dispares y a menudo no están diseñadas para poder cruzar datos de manera fiable y sistemática, además de que suelen basarse en testimonios que puedan estar sesgados por la ocultación, voluntaria o no, de la magnitud real del fenómeno. La contabilidad de las denuncias se desarrollará en el siguiente apartado. Aún así, ambos describen una violencia extendida y estable, que ha decrecido ligeramente respecto a la última década en el caso de los feminicidios, pero no en los demás.

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La Fiscalía General del Estado contabilizó 50 mujeres asesinadas por su pareja o expareja en 2025, y su serie desciende entre la primera década completa de aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 y la segunda para mantenerse desde 2016 en torno a 50 víctimas al año. La DGVG, que usa otra fecha de cierre, registró 48 en 2025 y 44 hasta el 30 de octubre de 2026, y suma 1.386 desde 2003\. Contabiliza además 68 menores asesinados desde 2013 en el contexto de la violencia contra su madre y 112 feminicidios fuera de la pareja entre 2022 y el 30 de junio de 2026.

Adicionalmente, el 25,1 % de las mujeres ha sufrido violencia de control de una pareja, el 20,9 % violencia emocional, el 9,2 % física y el 7,7 % sexual, y el 11,6 % sufrió alguna en los últimos 12 meses. Esa violencia, además, tiende a repetirse, puesto que el 76,9 % de las que sufrieron violencia física o sexual de una pareja la padecieron más de una vez. Fuera de la pareja, el 14,5 % de las mujeres ha sufrido violencia sexual y el 3,1 % una violación, y el 98,3 % de las violadas registradas identificó a un hombre como agresor. La edición de 2024 se rediseñó con el INE y no es comparable con la de 2019, de modo que la encuesta no permite medir todavía una tendencia. La encuesta europea EU-GBV, con trabajo de campo entre 2020 y 2024, estima que el 28,6 % de las mujeres con ciudadanía española han sufrido violencia física, sexual o psicológica de una pareja, frente al 31,8 % de la media de la UE. En EEUU, la encuesta nacional de los CDC (NISVS) estima que el 41 % de las mujeres ha sufrido de una pareja violencia sexual, física o acoso reiterado con consecuencias en su vida.

La violencia se concentra en la vivienda y la ejerce sobre todo un hombre del entorno íntimo. En 2024, 38 de los 50 feminicidios contabilizados por la Fiscalía se cometieron en el domicilio, y en 2025 el 77,1 % de los agresores tenía más de 40 años (DGVG). Fuera de la pareja la pauta se repite, porque en 9 de los 15 feminicidios no íntimos del primer semestre de 2025 el agresor era hijo o nieto de la víctima. La policía registró 22.846 delitos contra la libertad sexual en 2024, un 66 % más que en 2018, con mujeres en el 85,7 % de las victimizaciones y hombres en más del 93 % de las detenciones. El Ministerio del Interior desconoce, sin embargo, la relación entre víctima y autor en el 74,56 % de esos delitos. La Macroencuesta de 2019, la última que lo desglosó, atribuía la violencia sexual fuera de la pareja a amigos o conocidos en el 49,0 % de los casos y a desconocidos en el 39,1 %, con respuesta múltiple.

## Denuncias, visibilidad y marco negacionista

Otro de los problemas con la contabilidad de las denuncias es la dificultad para conocer si lo que ha aumentado es la visibilidad o las facilidades para denunciar estos hechos, la concienciación social de qué es y no es un hecho denunciable o un aumento real de los casos. De esta manera, leyéndolas de manera independiente, no es posible extraer conclusiones exactas, pero pueden ayudar a complementar la perspectiva general.

Entre 2013 y 2025 las denuncias por violencia de género que recibieron los juzgados pasaron de 124.894 a 204.342, un 64 % más según el CGPJ, mientras que los feminicidios de pareja oscilaron entre 50 y 61 al año. Las condenas por denuncia falsa, que sumaron 191 entre 2009 y 2025, el 0,007 % de las denuncias, no siguieron la subida que los discursos reaccionarios aclaman.

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El 70,73 % de las denuncias de 2025 llegó por atestado policial con denuncia de la víctima, el 16,25 % por intervención directa de la Policía y el 7,07 % por partes médicos de lesiones. La violencia sexual registrada sigue la misma pauta, ya que los hechos conocidos de agresión sexual con penetración pasaron de 3.079 en 2019 a 5.370 en 2025 y el Ministerio del Interior atribuye la subida, en parte, a una mayor disposición a denunciar. La Ley Orgánica 10/2022, que unificó abuso y agresión sexual, rompe además la comparabilidad de la serie.

Aun así, a pesar de que la visibilidad pueda haber aumentado, volviendo a los resultados de la macroencuesta de 2024 se estima que solo el 16,8 % de las víctimas de violencia de pareja la denunció, y en la UE lo hizo el 13,9 %. El 79,2 % de las mujeres asesinadas en 2025 no había presentado ninguna denuncia. Las encuestas dependen también de la capacidad de nombrar la violencia. Finlandia y Suecia, entre los países con más igualdad formal, encabezan la violencia declarada en la EU-GBV, un resultado que Gracia y Merlo (2016, *Social Science & Medicine*) llamaron “paradoja nórdica”. En el Estado español, la violencia de pareja declarada en los 12 meses anteriores a la macroencuesta, es del 6,4 % entre las mujeres con estudios primarios y del 15,1 % entre las universitarias.

El discurso que niega esta violencia ha ganado terreno entre los hombres jóvenes, según narra el Barómetro Juventud y Género del Centro Reina Sofía de Fad Juventud. La proporción de chicos de 15 a 29 años que considera, según el estudio, que la violencia de género es “un invento ideológico”, pasó del 12 % en 2019 al 23,1 % en 2023\. En 2025 el 54,1 % de ellos creía que los hombres “están desprotegidos ante las denuncias falsas”. Tal es la disparidad entre la preocupación y la realidad, que habría que multiplicar por 128.400 el número de denuncias falsas para que estas pudieran afectar realmente a la cantidad de hombres “preocupados” por ellas.

En cuanto a la respuesta judicial ante las denuncias, se observa que en 2025 las secciones de violencia sobre la mujer denegaron el 32 % de las 40.205 órdenes de protección solicitadas, con una concesión que iba del 45 % en Madrid al 83 % en La Rioja según el CGPJ, y los juzgados de lo penal absolvieron en el 28 % de los juicios. El 11,3 % de las víctimas se acogió a la dispensa de no declarar contra el agresor, y la Fiscalía calificó como maltrato habitual solo el 6,11 % de sus acusaciones, una proporción que la propia institución considera llamativa en una violencia reiterada por definición. Cabe destacar que absolución por falta de prueba no es en absoluto equivalente de una denuncia falsa.

## Migración y pobreza

La migración aparece en los registros con más peso del que tiene en la población, y este dato, despojado de un análisis real de la situación, está siendo instrumentalizado por la derecha para criminalizar al migrante. La Fiscalía calculó para 2024 una tasa de 8,32 feminicidios por millón de mujeres extranjeras y de 1,68 por millón de españolas. En 2025 el 39,6 % de los agresores había nacido fuera del Estado español (DGVG), cuando la población nacida en el extranjero era el 20,7 % del total a 1 de julio de 2026\. Esa sobrerrepresentación tiene rasgos que no encajan con la tesis de una “violencia importada” o de la “maliciosidad” del migrante.

Por un lado, de la mano de que la mayoría de las agresiones se dan dentro del hogar o del entorno cercano, se ve que la mayor parte de dicha violencia se queda dentro de las parejas migrantes: es decir, la mayoría de la violencia que ejercen los hombres extranjeros la sufren mujeres también extranjeras, por lo que el factor migratorio tiene un valor explicativo muy limitado en sí mismo. Además, se observa que, entre 2003 y 2026, el 88 % de las víctimas mortales de violencia de género nacidas en el Estado español fueron asesinadas por un hombre nacido en el Estado español, y el 71 % de las nacidas fuera en cambio, por un hombre nacido fuera, según los datos del DGVG; es decir, que al menos un 29 % de las mujeres migrantes asesinadas por violencia de género lo fueron por hombres españoles, pese a que conviven más con hombres también migrantes que con españoles. Esto no solo contradice la tesis de que “los hombres migrantes vienen a agredir a personas nacidas aquí”, sino que directamente le da la vuelta al argumento: los nacidos en el Estado español agreden en mayor proporción a las mujeres migrantes.

Por otro, se ve que lo que describe realmente la tendencia de los grupos sobrerrepresentados es el estrato social. En 2024 la tasa de riesgo de pobreza era del 43,7 % entre los nacidos fuera de la UE, frente al 19,7 % del conjunto de la población. El ingreso medio anual de las trabajadoras de origen africano fue de 15.025,4 euros en 2023, frente a 26.079,3 euros de las del Estado español. A esa posición se suman la situación administrativa y la mayor dependencia del empleador o de la pareja que describen los apartados 4 y 5, y también sesgos de registro, porque las migrantes tienen más contacto con la vigilancia de los servicios públicos y menos medios para ocultar la violencia.

## La impunidad de quien tiene poder: policías abusadores y Justicia para ricos

Las estadísticas oficiales no registran la ocupación ni la renta del agresor, de modo que la violencia de quienes controlan las instituciones o el dinero solo puede documentarse caso a caso o con los datos que publican los propios cuerpos implicados.

El caso más reciente y grave afecta a la cúspide de la Policía Nacional española. En enero de 2026 una inspectora presentó una querella contra el director adjunto operativo (DAO), el comisario principal José Ángel González, por una presunta agresión sexual con penetración cometida el 23 de abril de 2025, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversación. González dimitió el 17 de febrero de 2026, el *Boletín Oficial del Estado* publicó su cese el 19 de febrero y en julio el juez abrió sumario al apreciar indicios de agresión sexual, aunque González niega los hechos y rige la presunción de inocencia. Dentro del cuerpo, las denuncias internas por violencia de género que activan el protocolo de la Policía Nacional pasaron de 87 en 2023 a 96 en 2024 (*El Español*, 2026). En la agresión sexual en grupo de los Sanfermines de 2016 en Iruñea, 2 de los 5 condenados eran un guardia civil y un militar. El Tribunal Supremo elevó la condena a 15 años por violación en junio de 2019, después de que la Audiencia de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra calificaran los hechos como abuso sexual.

En las Fuerzas Armadas, donde las mujeres son el 13,2 % de los efectivos según el Observatorio Militar para la Igualdad (2024), el acoso se tramita por canales internos sujetos a la jerarquía. Entre 2018 y 2021 se abrieron 30 procedimientos disciplinarios por acoso sexual y solo 9 terminaron en sanción, y de 51 denuncias penales seguía en trámite el 45 % (*elDiario.es*, con datos del Observatorio de la Vida Militar). El Departamento de Defensa de EEUU mide la distancia entre violencia y denuncia con una encuesta propia, según la cual en el año fiscal 2023 unos 29.000 militares en activo sufrieron contactos sexuales no deseados y las cerca de 7.300 denuncias cubrieron una cuarta parte.

En la policía estadounidense, el equipo de Philip Stinson en la Bowling Green State University identificó unos 1.600 agentes detenidos por delitos sexuales entre 2005 y 2014 en más de 1.100 departamentos, el 21,6 % de todos los policías detenidos. Su base de datos solo recoge los casos que acabaron en detención. En Inglaterra y Gales, de los 1.539 agentes y empleados acusados de violencia contra mujeres y niñas entre octubre de 2021 y marzo de 2022, solo 13 fueron expulsados y el 91 % de las quejas ciudadanas resueltas terminó sin ninguna medida (Consejo Nacional de Jefes de Policía). La baronesa Louise Casey revisó la Policía Metropolitana de Londres tras el secuestro, la violación y el asesinato de Sarah Everard por un agente en servicio en 2021, y su informe de marzo de 2023 concluyó que el cuerpo es institucionalmente misógino.

El poder económico también actúa a la hora de comprar la responsabilidad penal en dinero. La Audiencia de Barcelona condenó en febrero de 2024 al futbolista Dani Alves a 4 años y 6 meses por violación y le aplicó la atenuante de reparación del daño por los 150.000 euros que consignó antes del juicio, una suma que la denunciante nunca aceptó. Alves salió en libertad provisional en marzo de 2024 tras pagar una fianza de un millón de euros, y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya lo absolvió en marzo de 2025 al considerar insuficiente la prueba. La abogada de la víctima calificó la resolución de “justicia para ricos”. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales fue condenado en febrero de 2025 por agresión sexual por el beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso en la final del Mundial de 2023\. La pena fue una multa de 10.800 euros, que cobra el Estado, más 3.000 euros de indemnización y un año de alejamiento, frente a los 2 años y 6 meses de prisión que pedía la Fiscalía.

En EEUU la inpunidad de los grandes patrimonios es aun mayor según cuentan las investigaciones de *The New York Times* y *The New Yorker* de octubre de 2017\. Estas documentaron que el productor Harvey Weinstein había cerrado durante décadas acusaciones de abuso con acuerdos económicos y cláusulas de confidencialidad. Tras la anulación de su primera condena, un nuevo juicio terminó con una pena de 15 años en septiembre de 2026\. El multimillonario pederasta Jeffrey Epstein firmó en 2008 un acuerdo de no persecución con la fiscalía federal del sur de Florida que le evitó los cargos federales por tráfico sexual de menores. Se declaró culpable de 2 delitos estatales y cumplió 13 meses de una condena de 18 con un régimen que le permitía salir de la cárcel 12 horas al día, 6 días por semana. El jefe de la policía de Palm Beach, Michael Reiter, lo describió como una muestra de lo que puede conseguir una defensa de muchos millones de dólares.

Estos casos no forman una estadística, y esa es la principal laguna, porque ni la DGVG ni el CGPJ publican la ocupación o la renta de los agresores y el gradiente por ingresos solo puede medirse en las víctimas, no en los agresores. Los casos documentados, incluido el de las trabajadoras del hogar del apartado 4, apuntan a un mecanismo común: cuanto más poder tiene el agresor sobre la institución que debe investigarle o sobre el sustento de la víctima, más se desplaza el caso hacia canales internos, penas económicas o acuerdos privados, que posteriormente no se ven reflejados en las estadísticas de los agresores ni en la conciencia social.

## Fuentes de interés

- Aizer, A. (2010). The gender wage gap and domestic violence. *American Economic Review, 100*(4), 1847-1859.
- Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. (2026). *Mujeres víctimas mortales por violencia de género en España 2025* (actualización de 23 de enero de 2026).
- Fiscalía General del Estado. (2026). *Memoria 2026*, cap. III.1.4.
- Instituto Nacional de Estadística. (2026). *Encuesta Anual de Estructura Salarial. Año 2024* y *Encuesta de Fecundidad. Año 2025\. Datos avance*.
- Ministerio de Igualdad. (2025). *Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024*.