Este lunes entra en vigor en el Estado español el registro obligatorio de viajeros establecido por el Real Decreto 933/2021, que obliga a empresas de hospedaje, agencias de viajes y alquiladoras de vehículos a registrar datos detallados de sus clientes. Según el Ministerio del Interior, la normativa “busca actualizar un sistema vigente desde 1959”, adaptándolo a nuevas modalidades como viviendas turísticas y plataformas digitales. Entre los datos requeridos figuran nombre, DNI, nacionalidad, datos de contacto y detalles de las transacciones, que deberán conservarse durante tres años.
La medida ha sido recibida con fuerte oposición por parte del sector turístico. Asociaciones como CEAV, FETAVE y ACAVE advierten que el registro implica “una carga burocrática desproporcionada”, especialmente para pequeñas empresas, que representan el 95% del sector. Alegan que esto podría alargar jornadas laborales, incrementar costes operativos y encarecer los precios para los consumidores. Por su parte, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha mostrado su rechazo, anunciando posibles acciones legales contra lo que consideran una medida “excesiva y poco operativa”.
Pese a las críticas, Interior defiende que la normativa “no introduce nuevas exigencias de información” y subraya su importancia para “la seguridad ciudadana”. Desde 2022, la plataforma Ses.Hospedajes ha recibido más de 4,7 millones de registros, permitiendo la localización de 18.584 personas con requisitorias judiciales, aunque no necesariamente vinculadas a delitos graves. Las autoridades destacan la relevancia de estas medidas, señalando que iniciativas similares “han contribuido en otros países a combatir amenazas como el terrorismo y la criminalidad organizada”.
Sin embargo, la medida ha generado inquietud por su potencial para ampliar el control social, al recopilar datos personales detallados de miles de viajeros. Aunque el Gobierno español argumenta que el sistema “ayuda a localizar a personas con requisitorias judiciales”, el uso masivo de esta información plantea interrogantes sobre la privacidad y el seguimiento de la ciudadanía, lo que podría abrir la puerta a un monitoreo más intrusivo y a un mayor control de los movimientos de las personas en el ámbito turístico.
