El decreto ley, que evita el Parlamento, castiga con hasta cinco años de cárcel la “participación violenta” en manifestaciones y extiende la privación de libertad a menores de 14 a 18 años; los magistrados alertan de inconstitucionalidad.
Solo existen de forma inmediata dos bloques: el de la burguesía y su circo electoral, y el del proletariado sin partido.
Les acusan de “pertenencia a un grupo terrorista” y “depósito de armas”. Se presentaron el sábado en la comisaría de Irun por voluntad propia.
Durante un debate sobre los disturbios del 17-O, la tertuliana reprochó a la diputada macronista “dar lecciones de virtud”; LCI la aparta de la antena y abre un “expediente ético” mientras la política exigía disculpas.
