Corea del Sur ha vivido horas de alta tensión política la madrugada de este 4 de diciembre, cuando el presidente Yoon Suk-yeol declaró de forma sorpresiva la ley marcial, alegando “la necesidad de proteger la democracia del país ante supuestas actividades antiestatales” de la oposición. El decreto ha sido recibido con una oleada de protestas en las calles de Seúl y el rechazo inmediato de la Asamblea Nacional, que en una sesión de emergencia finalmente logró votar para anular la medida, a pesar de que las fuerzas especiales del ejército habían tomado la cámara baja. Según la agencia Yonhap, algunos legisladores llegaron a utilizar extintores para bloquear el ingreso de los militares al Parlamento y los manifestantes del exterior se abalanzaron contra los militares, desbordando a las unidades desplegadas.
El revés parlamentario y la presión de la población han obligado a Yoon a revocar la ley marcial apenas unas horas después de su promulgación. Desde la oposición, liderada por el Partido Democrático, se ha anunciado una moción de destitución contra el presidente, acusándolo de atentar contra el orden constitucional. Hwang Un-ha, portavoz de la coalición opositora, declaró que “el Parlamento debe priorizar la suspensión inmediata del presidente y aprobar su destitución en las próximas 72 horas”. Además, una decena de altos funcionarios cercanos a Yoon, incluido el jefe del Gabinete, Chung Jin-suk, han presentado su dimisión en masa.
La crisis ha sido interpretada como un intento desesperado del mandatario para consolidar su debilitado poder, en un contexto de creciente impopularidad y sin mayoría en el Parlamento. Analistas como Darcie Draudt-Véjares, del Carnegie Endowment for International Peace, señalan que la maniobra de Yoon recuerda a las dictaduras militares anticomunistas que gobernaron Corea del Sur entre 1961 y 1987. La rápida reacción social ha demostrado que el país no parece estar dispuesto a tolerar involuciones políticas.
