Este 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, vuelve al debate público la cuestión de la transición española, que habitualmente se recuerda como un proceso de “reconciliación pacífica”. Dos obras publicadas en los últimos años aportan datos que cuestionan esa narrativa oficial e iluminan uno de los episodios más silenciados de la historia reciente del Estado Español: La Transición Sangrienta de Mariano Sánchez y Las Otras Víctimas. La Violencia Policial Durante la Transición (1975-1982) de David Ballester.
Estos estudios tratan la violencia política y la represión institucional que acompañaron el proceso de transición hacia la democracia. A partir de estas obras, se deduce que al menos 134 fueron asesinadas por las fuerzas del orden entre 1975 y 1982, además de las 49 víctimas provocadas por grupos de extrema derecha y otras 16 a manos de grupos parapoliciales, desafiando la narrativa oficial de una “transición pacífica”.
Mariano Sánchez detalla en su obra que grupos de extrema derecha causaron al menos 49 muertes, mientras que los grupos “antiterroristas”, con el apoyo de los servicios de inteligencia y el aparato del Estado, asesinaron a otras 16 personas. A pesar de que la Constitución Española fue aprobada en 1978, la violencia política y la represión continuaron siendo una constante. Por ejemplo, Sánchez cifra que tan solo en 1980, 30 personas fueron asesinadas como parte de la violencia política de origen institucional, un concepto que utiliza para describir aquellos crímenes perpetrados por el aparato del Estado bajo la justificación de mantener el orden.
David Ballester, por su parte, se enfoca en las víctimas de la violencia policial durante este período. Según su investigación, de las 134 personas que perdieron la vida a manos de la policía, 91 murieron por el uso indiscriminado del “gatillo fácil”, 38 en el contexto de represión a manifestaciones y protestas, y otras 5 fueron víctimas de torturas sistemáticas. Ballester destaca que estos crímenes fueron “cometidos bajo el amparo de un sistema que no solo permitió, sino que a menudo incentivó la violencia policial”, con la colaboración activa de otros actores del Estado, como jueces, médicos forenses y fiscales.
En 1977, el mismo año de la aprobación de la Constitución, las fuerzas de seguridad cargaron contra 788 manifestaciones en todo el Estado español, un 76% del total de protestas del año. La respuesta del Estado ante cualquier intento de movilización social, relatan los autores, “fue la represión brutal”; contra de grupos revolucionarios o contra quienes simplemente luchaban por luchas sectoriales y derechos básicos. Centenares de casos documentados ilustran la violencia política ejercida desde las instituciones del Estado, cuyos responsables, lejos de ser castigados, fueron condecorados.
Ambos autores coinciden en señalar que, aunque el régimen franquista cayó en 1975, el aparato represivo del Estado Español no desapareció; al contrario, subrayan que la violencia de Estado “continuó como una herramienta esencial para consolidar el poder de las élites políticas y económicas” que, bajo una fachada democrática, “siguieron aplicando las mismas tácticas autoritarias de siempre”. Sánchez y Ballester coinciden en que la transición “no fue un proceso limpio”, sino una transposición entre las estructuras franquistas, que nunca fueron completamente desmanteladas, y la democracia.
Así, ambos autores ponen en evidencia la contradicción fundamental sin resolver en el proceso de transición, y, por tanto, en la democracia del Estado español: fue fundada sobre una base de impunidad, en la que las víctimas de la represión política fueron olvidadas y las instituciones del nuevo régimen se convirtieron en continuadoras de las prácticas autoritarias de la dictadura. Los dos estudios destacan que el silencio que recayó sobre estas víctimas no solo responde a una “falta de memoria histórica”, sino también “a la necesidad de mantener intacta la narrativa oficial de un proceso de transición limpio y sin sobresaltos”.
En conclusión, los trabajos de Mariano Sánchez y David Ballester no solo documentan y exponen las víctimas de la violencia estatal, sino que lanzan un contundente cuestionamiento sobre la legitimidad del proceso democrático en el Estado Español. La represión y la impunidad fueron y siguen siendo las caras ocultas de una democracia que, en su construcción, no solo ignoró a las víctimas de la violencia política, sino que las condenó a permanecer en las sombras de la historia oficial.
