En la última década, 52 miembros de la Policía Nacional española y la Guardia Civil han sido condenados en por torturas y malos tratos, según un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). La condena más reciente se produjo en mayo de 2023, cuando la Audiencia Nacional ordenó al Estado indemnizar con 3.000 euros a E.L.G., una mujer víctima de torturas durante su detención en Córdoba en 2013. A pesar de que las autoridades judiciales no reconocieron en su momento las vulneraciones de derechos, el Comité contra la Tortura de la ONU respaldó la denuncia y ordenó una reparación para la víctima.
Este caso subraya una práctica recurrente de torturas y malos tratos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), que ha sido documentada en informes del Defensor del Pueblo. Entre 2010 y 2020, se contabilizan 52 condenas por torturas, según los datos recabados por lamarea.com. Además, 524 funcionarios fueron condenados por delitos de integridad moral, una forma atenuada de tortura, mientras que nueve agentes fueron condenados por detención ilegal o secuestro.
En cuanto a los indultos, desde 2014 ningún miembro de las FCSE ha sido indultado por estos delitos, aunque entre 2010 y 2013, hasta 43 policías fueron exonerados parcial o totalmente de las penas impuestas, incluidos 15 indultos por torturas. Esta práctica, que incluye la no investigación de denuncias por torturas, continúa siendo habitual en el sistema judicial español, tal como lo evidencian las condenas y los casos de impunidad.
