La XXVII Conferencia de Presidentes, celebrada esta semana en Santander (Cantabria) ha vuelto a poner sobre la mesa el problema del acceso a la vivienda, un problema estructural agravado en los últimos años.
El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez insistió en “blindar la protección de las viviendas públicas para evitar que vuelvan al mercado libre”, una medida que plantea corregir lo que ya se percibe como un error histórico. Además, ha apostado por reformar la ley de suelo para “agilizar el desarrollo urbanístico y facilitar la construcción de viviendas asequibles”.
Sobre el papel, las propuestas del Ejecutivo suenan necesarias a ojos de muchos, sin embargo, carecen de concreción y arrastran los mismos déficits de siempre en colaboración entre administraciones, así como recursos económicos insuficientes.
Las comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía y Murcia, rechazaron la ley estatal de vivienda por considerar que “encorseta las competencias autonómicas y no resuelve el problema de fondo”. Estas regiones apuestan por alternativas fiscales e incentivos al mercado privado, medidas que, aunque puedan “aliviar” la oferta en el corto plazo para unos pocos, no abordan el fracaso del modelo: la falta de acceso a la vivienda permanente para toda la población. Mientras tanto, el Gobierno Vasco reclama “más inversión directa y la cesión de suelo estatal”, y Cataluña propone un plan ambicioso de construcción que dependerá de una financiación aún incierta.
La Conferencia terminó evidenciando también, una vez más, la brecha entre los anuncios del Gobierno y las necesidades reales de los territorios. El compromiso de construir un parque de vivienda social del 20 % parece tan lejano como enunciado años atrás, y la reforma de la ley de suelo no logrará sus objetivos sin consensos políticos y una inversión pública sostenida. La crisis habitacional, especialmente para los jóvenes y las rentas bajas, pone delante del espejo al Estado por su falta de políticas efectivas.
Menores migrantes no acompañados
La Conferencia de Presidentes ha abordado varios aspectos relacionados con la migración y los menores no acompañados:
- “Reparto” de enores migrantes: Se ha instado a las comunidades autónomas a alcanzar “un acuerdo para el reparto de menores migrantes no acompañados”, buscando una solución compartida que “alivie la presión” sobre territorios como Canarias y Ceuta. El Gobierno español ha enfatizado en “la necesidad de una política migratoria responsable y solidaria, basada en criterios objetivos y apelando a la solidaridad interterritorial”.
- Propuestas de distribución: Canarias y la Comunidad Autónoma Vasca han presentado una propuesta conjunta para un reparto extraordinario de menores no acompañados en un plazo de tres meses, basado en indicadores como la población total, el PIB per cápita, y “la capacidad de acogida histórica”. Sin embargo, esta iniciativa no ha logrado el respaldo necesario para avanzar hacia un acuerdo formal.
- Falta de acuerdo: Los presidentes autonómicos, especialmente de Canarias y Ceuta, han manifestado su frustración por la falta de avances concretos en la distribución de menores migrantes. Se ha señalado que la conferencia ha sido “una oportunidad perdida para resolver la crisis migratoria”, dado que no se ha llegado a acuerdos tangibles.
- Demanda de recursos y política de Estado: Las comunidades autónomas han reclamado “más recursos” y una política migratoria que sea considerada “de Estado”, que no solo gestione la coyuntura migratoria actual sino que también aborde “las necesidades demográficas y laborales” del Estado español.
En resumen, aunque la conferencia trató de abordar estos temas, no se llegó a un consenso definitivo para la “redistribución” de menores migrantes no acompañados, reflejando la complejidad y la falta de acuerdo en el manejo de la política migratoria en el Estado español.
