El envejecimiento de la población en el Estado español se ha convertido en un desafío importante para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Un informe reciente del Banco de España señala que el aumento del número de jubilados va a incrementar el gasto en pensiones, sanidad y dependencia, lo que redoblará la presión, ya de por sí alta, sobre los recursos públicos. Al mismo tiempo, la capacidad del sistema tributario para generar ingresos podría verse afectada por el cambio en la estructura demográfica, especialmente por el envejecimiento de los contribuyentes. Este fenómeno no es exclusivo del Estado español, sino que se está observando también en otras economías avanzadas, donde el envejecimiento plantea retos similares para mantener el equilibrio fiscal.
En cuanto a los datos demográficos del Estado español, la situación es particularmente llamativa. En 2022, la tasa de fecundidad fue de solo 1,16 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo, mientras que la esperanza de vida se encuentra entre las más altas, alcanzando los 83,1 años. Este desequilibrio entre pocos nacimientos y una esperanza de vida elevada está contribuyendo al aumento de la “tasa de dependencia”, es decir, la proporción de personas que dependen de otros para su sustento, especialmente las personas mayores. Según las proyecciones, esta tasa aumentará del 30,5% actual a casi el 60% en los próximos 30 años. Esto supone un aumento considerable de la presión sobre los recursos destinados a pensiones, salud y cuidados a largo plazo.
Sin embargo, esta demanda ascendente de los servicios públicos coincidirá con un poder fiscal menguante acelerado por el envejecimiento demográfico, donde entran en juego diferentes mecanismos. Primero, se puede apreciar que los ingresos de los hogares siguen un patrón que muestra una caída cuando las personas se jubilan. Durante la vida activa, los ingresos crecen y alcanzan su punto máximo en los años previos a la jubilación, para disminuir después. Dado que el sistema fiscal del Estado español es progresivo, esto significa que el aumento de la población jubilada reducirá la base del impuesto sobre la renta personal, afectando tanto la cantidad de ingresos generados como la efectividad de los impuestos.
En segundo lugar, la teoría del ciclo vital sugiere que las decisiones sobre el consumo, el ahorro y la inversión cambian según la edad. Los jóvenes tienden a endeudarse, los adultos ahorran y los jubilados utilizan ese ahorro para mantener su nivel de vida. Este patrón también impacta los impuestos sobre el consumo y la inversión, ya que los tipos impositivos varían dependiendo de la edad y los comportamientos económicos de los hogares. Además, la acumulación de bienes inmuebles entre las personas mayores y los cambios en sus patrones de consumo (por ejemplo, en productos y servicios) pueden afectar los impuestos indirectos, como el IVA. Los hogares mayores tienden a consumir productos gravados con tipos impositivos más bajos, como alimentos y servicios sanitarios, lo que reduce el tipo efectivo sobre el consumo. Esta evolución del patrón de consumo de los hogares, con un desplazamiento hacia bienes con menores tipos impositivos, podría generar una pérdida en la recaudación de impuestos sobre el consumo. Esto se ve reflejado en la menor contribución de los hogares mayores a impuestos especiales, como los de hidrocarburos o vehículos. Aunque el envejecimiento podría aumentar el consumo agregado debido a un mayor consumo por jubilación, la evidencia internacional muestra una disminución del consumo post-jubilación, lo que podría agravar la erosión de la base impositiva. En el Estado español, este fenómeno ya está impactando en la recaudación del IVA, que es más baja en comparación con la media de la UE-27, lo que plantea desafíos adicionales para la sostenibilidad del sistema fiscal.
En tercer lugar, el envejecimiento modifica no solo el tamaño de las bases fiscales, sino también su composición. Por ejemplo, los hogares mayores tienden a obtener una mayor parte de sus ingresos de rendimientos de capital (como propiedades o inversiones), que generalmente tienen un tipo impositivo más bajo que los ingresos del trabajo. En el Estado español, los salarios constituyen la principal fuente de recursos para los impuestos y las cotizaciones sociales. Sin embargo, la caída en la participación de los salarios en el PIB, el envejecimiento y la desaceleración de la productividad, podrían reducir la recaudación de las cotizaciones. Las reformas del sistema de pensiones recientes han intentado compensar esta presión, aumentando los tipos efectivos de las cotizaciones, lo que podría generar un aumento en los ingresos públicos, aunque con un impacto limitado por el estancamiento de los salarios.
Por tanto, el informe señala que el envejecimiento de la población podría afectar negativamente los ingresos públicos. Si la proporción de personas jubiladas sigue creciendo, esto podría reducir las principales fuentes de ingresos, como los impuestos sobre el trabajo y el consumo. En particular, el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) ha experimentado cambios significativos. Entre 2004 y 2021, el porcentaje de personas mayores de 65 años que declararon impuestos aumentó del 15,3% al 20,6%, mientras que el número de personas que no declaraban pero que estaban sujetas a retenciones creció considerablemente.
Este proceso también está vinculado a una mayor concentración de las rentas del capital entre los hogares de mayor edad. Mientras que 2002 los jóvenes tenían el 7,5% de la riqueza en el Estado español, en 2022 no llegaban al 2%. En 2002, los mayores de 75 tenían el 8% de la riqueza en España, en 2022, el 20%. En 2022, los hogares con una persona de referencia mayor de 65 años poseían más del 40% de la riqueza neta total. Esta concentración se refleja en el predominio de la propiedad inmobiliaria como principal componente de la riqueza, especialmente en los hogares mayores, que también tienen carteras de activos más diversificadas. Los expertos advieren que esta concentración de la riqueza y las rentas del capital en los hogares de mayor edad podría reducir la recaudación impositiva, especialmente si los tipos impositivos son bajos para estos rendimientos.
Sin embargo, el envejecimiento de la población podría afectar los ingresos públicos derivados de la propiedad inmobiliaria, ya que la demanda de vivienda por parte de los hogares jóvenes podría disminuir. Esto reduciría los ingresos por impuestos relacionados con la transmisión de propiedades, aunque un aumento en los precios de la vivienda podría compensar parcialmente esta disminución. Además, la mayor concentración de riqueza en hogares de mayor edad podría incrementar las transmisiones de patrimonio, como sucesiones y donaciones, lo que dependería del diseño de los beneficios fiscales aplicables.
Si a todo ello le sumamos que el sistema fiscal español es progresivo, es decir, que las personas mayores de 65 años con ingresos menores debido a las pensiones pagan un tipo efectivo de impuesto más bajo, se se deduce que erosiona la base imponible del IRPF y reduce la recaudación. Ante ello, las contramedidas encontrarán sus límites: los aumentos en las pensiones debido a la inflación pueden generar más ingresos fiscales, pero a largo plazo, los salarios reales podrían estancarse y reducir la recaudación.
En conclusión, el envejecimiento poblacional en el Estado español supondrá una presión enorme desde diferentes flancos sobre los ingresos públicos, debido tanto al cambio en las bases fiscales como a la modificación de su composición. Por lo tanto, los sucesivos Gobiernos del Estado español de los próximos años se verán obligados a implementar reformas fiscales severas y a revisar las estructuras impositivas para adaptarse a estos cambios demográficos y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro. De lo contrario, el sistema fiscal del Estado español, la administración pública y los servicios públicos, tal y como los conocemos hoy en día, podrían quebrar.
Fuente
Papeles de Economía Española, N.o 182, 2024. ISSN: 0210-9107. Retos pendientes del sector público español.
