Dos meses después de las devastadoras inundaciones causadas por la DANA en el sur y oeste de la provincia de Valencia, la región sigue lidiando con las secuelas económicas de este desastre. Según datos de Labora consultados por Castellón Plaza, hasta el 30 de diciembre se registraron 60 Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de extinción, afectando a un total de 330 trabajadores. Estos expedientes se suman a un panorama más amplio de dificultades económicas, que también incluye casi 3.000 ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), que han afectado a 31.796 personas.
El impacto de la riada fue tan grande que afectó a la fuerza de trabajo de 15 municipios valencianos, mientras que otras 36 localidades vieron cómo más de la mitad de su población activa se veía perjudicada. En total, alrededor de 275.000 trabajadores valencianos se vieron afectados por las inundaciones, lo que equivale al 14% de los afiliados a la Seguridad Social en el País Valencià Los sectores más afectados han sido los servicios, con un 79% de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) derivados de empresas de este tipo, seguido por la industria con un 14%. La construcción también ha sufrido daños, aunque en menor medida, mientras que la agricultura ha sido el sector con menor afectación en términos de ERTE.
El sector cooperativo del sur de Valencia, muy importante en la región, también ha tenido que enfrentarse a las consecuencias de la DANA, con 30 expedientes presentados que afectan a 1.676 trabajadores. Las cooperativas, que representan una parte fundamental de la economía local, han visto cómo la crisis ha impactado tanto a sus operaciones como a las 10.000 personas que emplean. De acuerdo con los informes de Concoval, estas empresas representan alrededor de 300 millones de euros en el PIB autonómico.
