El presidente electo de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha reiterado su intención de implementar deportaciones masivas, continuando con las cifras de deportaciónes récord registradas bajo la administración saliente de los demócratas. Estas deportaciones afectan y afectarán a millones de migrantes indocumentados. A pesar de que los cruces irregulares en la frontera entre México y EEUU disminuyeron significativamente el año pasado, las recientes declaraciones de Trump han sembrado preocupación en México y Centroamérica. Según datos de la Patrulla Fronteriza, las detenciones en noviembre se redujeron a 94.190 personas, una caída considerable frente a las 170.710 registradas en mayo.
México ha intensificado sus esfuerzos para controlar el flujo migratorio, desplegando efectivos de la Guardia Nacional y trasladando migrantes al sur del país. Además, la emisión de tarjetas humanitarias se detuvo temporalmente, lo que ha provocado que muchos migrantes queden varados sin acceso a servicios públicos. “Se avecinan tiempos difíciles para la comunidad migrante”, advierte el director en México de la organización Pueblos Sin Fronteras Irineo Mujica en The New York Times.
Los estados fronterizos de México se están preparando para un posible incremento de deportaciones, estableciendo refugios y coordinando con organizaciones civiles. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha sugerido que colaborará con EEUU para repatriar migrantes a sus países de origen. Sin embargo, expertos como Andrés Ramírez Silva advierten que “muchos migrantes siguen siendo víctimas de crimen organizado durante su estancia en territorio mexicano”. La incertidumbre persiste mientras las causas estructurales de la migración, como la violencia y la pobreza, continúan sin resolverse.
