Un informe publicado este miércoles por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales revela que únicamente el 5,9% de la población en situación de pobreza recibe Rentas Mínimas de Inserción (RMI) por parte de las comunidades autónomas, lo que supone alrededor de 571.732 personas. Además, las cuantías otorgadas apenas representan el 15,9% de la renta media por hogar en el Estado español.
El informe destaca que, desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2021, el número de beneficiarios de las RMI ha caído drásticamente, con una pérdida de casi un tercio de los perceptores. Trece comunidades han reducido su gasto en esta ayuda, lideradas por Aragón (-96,2%) y Madrid (-91,1%), seguidas de Castilla-La Mancha (-82,2%) y Andalucía (-65,4%). En contraste, Canarias (+103%) y Baleares (+74,7%) han aumentado su presupuesto.
Reducción de beneficiarios y desigualdad territorial
Desde 2020, el número de perceptores de RMI ha disminuido un 28,6%. Madrid y Andalucía encabezan la pérdida de beneficiarios, con reducciones del 90% y 84,4%, respectivamente. La Comunidad Autónoma Vasca (51,2%) y el País Valencià (38,2%) presentan las mayores coberturas, mientras que comunidades como Castilla y León (1,7%) o Castilla-La Mancha (0,3%) apenas alcanzan a sus ciudadanos bajo el umbral de la pobreza.
Cuantías insuficientes
La ayuda media, en los remotos casos en las que la perciben aquellas personas bajo el umbral de la pobreza, solo representa el 15,9% de la renta media por hogar, siendo “extremadamente baja”, según la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Las mayores cuantías se dan en Balears (36,4%) y Catalunya (18,3%), mientras que Aragón (0,7%) y Madrid (9,1%) están a la cola.
El informe subraya que el IMV debería haber sido “una oportunidad para redirigir los fondos de las RMI hacia políticas de inclusión social”. Sin embargo, denuncian que se han utilizado estos ahorros para fines ajenos a los servicios sociales.
Advertencia del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria
El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria denunció en diciembre de 2023 que la nueva normativa sobre la Renta de Garantía de Ingresos (DBE), aprobada por el Gobierno Vasco, excluye a las personas más empobrecidas. La regulación redefine el concepto de “domicilio”, dejando fuera a quienes viven sin títulos legales de propiedad o alquiler, afectando a quienes viven ocupando, subarrendados sin contrato y quienes comparten vivienda sin baño propio.
La normativa, aprobada con el apoyo de PNV, PSE, Elkarrekin Podemos y la abstención de EH Bildu, fue criticada por “perpetuar la exclusión social y favorecer a propietarios y arrendadores a costa del proletariado”, según el sindicato. La reforma, que limita el acceso a ayudas, es vista como “un mecanismo de presión que obliga a aceptar alquileres más altos o contratos fraudulentos”, consolidando la transferencia de ingresos públicos a los bolsillos de los arrendadores. El sindicato exige condiciones de vida dignas y acceso universal a la vivienda, denunciando que “la crisis y la falta de financiación se utilizan para enfrentar a los sectores más vulnerables entre sí”.
