El Gobierno español y el Ejecutivo de Canarias han acordado un plazo de diez días para estudiar la viabilidad de un decreto ley que permita la distribución extraordinaria de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Según informan Fernando Clavijo, presidente canario, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, el objetivo sería “desarrollar una solución jurídica que sea efectiva y respetuosa con las competencias autonómicas”, esperando someterla a votación en el Congreso a finales de mes. Actualmente, Canarias acoge a 5.812 menores no acompañados, de los cuales unos 4.000 será reubicados, mientras Ceuta enfrenta una situación paralela, con cerca de 400 menores migrantes no acompañados en su territorio.
Clavijo ha defendido “la necesidad de actuar mediante un decreto ley”, ya que la situación humanitaria se está agravando en el archipiélago, enfatizando que la gestión voluntaria entre comunidades “no ha dado resultados efectivos”. Durante una entrevista en RNE, expresó que “es injusto que Canarias soporte en solitario toda esta presión”, solicitando “solidaridad” por parte de otras comunidades autónomas para afrontar la situación. Por su parte, Torres ha señalado que “el decreto debe ajustarse al marco jurídico”, destacando “la importancia de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para transferir la tutela de los menores del territorio receptor a las regiones de acogida”.
Moncloa, por su parte, ha anunciado la próxima convocatoria de una conferencia sectorial de Infancia y Juventud para debatir la propuesta con las comunidades autónomas. Las negociaciones políticas para alcanzar un consenso continúan en marcha, en busca de un respaldo amplio que permita un ajuste. Mientras tanto, Clavijo ha pedido al Partido Popular su apoyo, subrayando que “se trata de una crisis humanitaria que afecta tanto a los canarios como a los menores migrantes, y que requiere medidas urgentes y equitativas”.
