Las principales redes sociales, como Meta (anteriormente conocida como Facebook) y X (antes Twitter), se encuentran en una batalla con gobiernos y sistemas legales que exigen mayores controles sobre sus actividades. Este conflicto pone en evidencia un desafío central para muchos gobernantes: ¿cómo regular eficazmente un espacio digital global sin que las plataformas eludan el control?
La regulación de las redes sociales ha sido un tema de creciente discusión, especialmente tras la expansión de las plataformas digitales que permiten a los usuarios compartir contenido sin las restricciones de los medios tradicionales. A diferencia de los métodos tradicionales de difusión, que requerían pasar por diversos filtros editoriales, las redes sociales facilitan la publicación directa con un alcance potencial masivo, lo que plantea dificultades para moderar y controlar la información que circula, así como efectos políticos directos en procesos electorales y la estabilidad interna de los estados.
Un artículo de Financial Times señala que, aunque la regulación se presenta como la solución a varios problemas relacionados con la desinformación, el discurso de odio o la incitación a actividades ilegales, el verdadero reto radica en la propia estructura que presentan estas plataformas. A diferencia de los medios convencionales, las redes sociales en teoría no actúan como editores que filtran contenido antes de su publicación. Según ellos, solo toman acción una vez el contenido haya sido difundido, lo que limitaría su capacidad para evitar efectos no deseados a tiempo. Sin embargo, como muestra el cambio radical dentro de X desde que Elon Musk adquiriera la red social, los algoritmos diseñados por los propios desarrolladores determinan qué tipo de contenido se difunde más y los sistemas de moderación de contenido pueden estar sesgados para favorecer más a determinados sectores políticos que a otros.
Ante esto, la presión de gobiernos fuera de Estados Unidos, particularmente en Europa y Brasil, está haciendo que las plataformas reconsideren su postura. Un ejemplo claro de esto es el caso de X, que fue obligada por la Corte Suprema de Brasil a eliminar contenido que violaba las leyes locales, a pesar de la resistencia inicial de la empresa. Este incidente demuestra que los gobiernos locales aún mantienen cierta capacidad de imponer regulaciones más estrictas, aunque aún está por ver hasta dónde puede llegar su poder.
Por su parte, Meta ha intentado influir en las políticas globales, buscando apoyo del gobierno estadounidense para contrarrestar las iniciativas regulatorias europeas. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha dejado claro que la empresa busca alinear sus intereses con las prioridades políticas de EEUU para proteger su modelo de negocio, que depende de la monetización de datos a través de la publicidad. A pesar de sus intentos por resistir las regulaciones de la UE, las grandes plataformas tecnológicas reconocen que, a medida que aumentan las regulaciones internacionales, su poder de influencia frente a los estados podría no ser suficiente, por lo que necesitan el apoyo de sus respectivos estados. Sin embargo, esta relación no está exenta de riesgos, ya que los mismos gobiernos que abogan por la desregulación de las plataformas ceden un enorme poder a estas compañías que ejercen una influencia directa sobre el discurso público y la opinión global.
El enfrentamiento entre las redes sociales y los gobiernos está lejos de resolverse; de hecho, es muy probable que se acelere en las disputas políticas y geopolíticas de los próximos años. Los estados continuarán favoreciendo a las redes sociales que se alinean con sus intereses y más tributan para ellos, mientras tratan de mantener a raya aquellas redes sociales de la competencia o que hayan generado problemas para su gobernabilidad interna. Legislaciones como el Digital Services Act de la UE y las acciones judiciales de países como Brasil, es posible que esta disputa se convierta en un conflicto público, multilateral y abierto sobre quién debe tener la autoridad para regular la información digital. Mientras tanto, las empresas tecnológicas más grandes buscan mantener su modelo de negocio intacto, utilizando tanto el lobby político como la influencia institucional para hacer frente a la creciente presión regulatoria.
