El Congreso de Estados Unidos está a punto de aprobar la Ley Laken Riley, que permitiría la deportación de inmigrantes no autorizados acusados de delitos menores, incluso sin condena. Esta norma, impulsada por el presidente Donald Trump, busca “fortalecer la seguridad fronteriza”. Con el apoyo crucial de senadores demócratas, la iniciativa avanza hacia su aprobación final. Según El País, la ley también contempla acciones como la detención de personas inmigrantes acusadas y la posibilidad de que los Estados demanden al Gobierno federal por supuestos “daños” relacionados con la inmigración.
El debate ha polarizado al Congreso y a la sociedad. Mientras republicanos como el senador John Fetterman defienden medidas estrictas para blindar las fronteras, organizaciones por los derechos de los inmigrantes como United We Dream Action critican la ley por violar derechos fundamentales como la presunción de inocencia. La directora Juliana Macedo do Nascimento calificó el proyecto como “un instrumento explotador que promueve la agenda de deportaciones masivas de Trump y vulnera la Constitución”. Además, advierten que se centrarse en delitos menores.
Mientras tanto, el gobierno de Joe Biden ha extendido el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de un millón de personas provenientes de países como Venezuela, El Salvador y Ucrania, según Associated Press. La prórroga del TPS, que protege selectivamente a personas de deportaciones por conflictos o desastres naturales. Sin embargo, la Ley Laken Riley marca un giro hacia políticas más autoritarias, destacando la unidad de fondo entre entre el Congreso y el Ejecutivo sobre el futuro del sistema migratorio en Estados Unidos.
