El Tribunal Constitucional español se enfrenta a un recurso de amparo relacionado con el caso del policía infiltrado en el movimiento libertario y autónomo de Barcelona (Catalunya), un caso que ha generado gran controversia tras la negativa de la justicia ordinaria a investigar las vulneraciones de derechos fundamentales. Según informa Directa, el recurso fue presentado por el equipo legal de seis mujeres afectadas por la actuación del agente de policía D.H.P., quien utilizó relaciones sexoafectivas como parte de su misión encubierta. La abogada Mireia Salazar, del Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, considera que este caso tiene “especial transcendencia constitucional” debido a la falta de pronunciamientos previos sobre los “límites legales y éticos” de tales prácticas.
En el recurso, se argumenta que las infiltraciones, como la de D.H.P., afectan gravemente la dignidad, la libertad sexual y la participación política de las personas involucradas, además de criminalizar y restringir los movimientos sociales. Los abogados señalan que esta táctica, utilizada en diversas ciudades del Estado español, ha sido “establecida y avalada” por el Ministerio del Interior encabezado por Fernando Grande Marlaska, lo que refuerza la acusación de que no se trata de una práctica aislada. En el caso concreto de D.H.P., el recurso explica que el agente aprovechó sus relaciones con mujeres vigiladas para obtener información personal y política, lo que provocó una instrumentalización y cosificación de las personas afectadas.
Después de la triple negativa de la Fiscalía, el juzgado de instrucción 21 de Barcelona y la Audiencia de Barcelona, el equipo legal de las afectadas se ve obligado a recurrir al Tribunal Constitucional. Si esta instancia también bloquea la investigación, las abogadas prevén recurrir a instancias internacionales para que se garantice la rendición de cuentas y reparación a las víctimas. Este tipo de prácticas, ya reconocidas como violaciones de derechos fundamentales en otros países, como el Reino Unido, sigue siendo objeto de debate en el Estado español, donde la justicia aún no ha abordado el impacto de las infiltraciones policiales en las libertades políticas. La gran mayoría de los grandes medios de comunicación ni siquiera le ha prestado atención al fenómeno.
