La crisis de vivienda obliga a mover ficha a la clase política del Estado español. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan de 12 medidas “para mejorar el acceso a la vivienda”. La iniciativa incluiría “la creación de una empresa pública para la construcción masiva de viviendas de alquiler asequible”, siguiendo modelos europeos como los Países Bajos y Viena. Según Moncloa, esta intervención estatal “ayudará a estabilizar los precios del mercado privado al aumentar la competencia”. Las medidas también contemplan ayudas fiscales para los propietarios, con el objetivo de que alquilen viviendas vacías con garantías estatales y apoyo frente a impagos.
Otra medida destacada es la supuesta “regulación de pisos turísticos”, que han acelerado la reducción de la disponibilidad de vivienda en ciudades y zonas turísticas, encareciendo el mercado. El plan incluye restricciones a nivel estatal, aunque las competencias locales y autonómicas complican su aplicación coherente en todo el Estado español. Además, el Ejecutivo asegura que tratará de “limitar la compra especulativa” por parte de grandes fondos de inversión y compradores extranjeros no comunitarios, señalados como “factores que elevan los precios”. La eliminación de las golden visa ya fue un paso en esta dirección, pero el Ejecutivo planea ampliar estas restricciones en determinados puntos.
El plan contrasta con las propuestas del Partido Popular (PP), centradas en reducir impuestos y fomentar la construcción privada. Según el Gobierno, estas medidas “recuerdan a las políticas de liberalización que llevaron a la burbuja inmobiliaria de principios de los 2000”. Frente a este enfoque, Sánchez trata de presentarse como defensor de una intervención más activa del Estado sobre un mercado que considera “disfuncional”. Algunas medidas se debatirán en el Consejo de Ministros esta semana, mientras otras requerirán un mayor desarrollo legislativo.
