El próximo 22 de enero, el Congreso de los Diputados debatirá y votará el decreto que establece un impuesto temporal sobre las empresas energéticas para 2025, una medida promovida por el Gobierno español y apoyada por ERC, Bildu y BNG. Sin embargo, el rechazo de PP, PNV y Junts complica su aprobación, dado el peso de sus votos. El impuesto, que ya estuvo vigente en 2024 pero fue derogado en la reforma fiscal a instancias del PP, incluye bonificaciones de hasta el 60% para inversiones estratégicas en “transición ecológica”, según recuerda El Periódico de la Energía.
Junts, liderado por Carles Puigdemont, se opone al considerar que la capacidad Moncloa para definir inversiones estratégicas podría desalentar grandes proyectos en Catalunya, como los 1.100 millones de euros que Iberdrola planea invertir en Tarragona. Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha declarado que votarán en contra debido a que el gravamen vulneraría el principio de autonomía fiscal de las comunidades forales de Euskal Herria. Podemos también ha expresado su desacuerdo, argumentando que prefiere “un impuesto directo en lugar de un gravamen temporal”.
El decreto incluye requisitos para que las empresas energéticas soliciten al Ministerio para la Transición Ecológica un informe vinculante que evalúe si sus inversiones cumplen con los criterios de “transición ecológica y descarbonización”. No obstante, el diseño centralizado del sistema de evaluación ha sido otro punto de fricción entre los partidos. La ministra Sara Aagesen será responsable de emitir dichos informes en un plazo máximo de tres meses, aunque el silencio administrativo se considerará negativo, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles retrasos en la implementación.
