El caso de la desaparición forzada y la muerte de cuatro menores en Guayaquil, Ecuador, continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía, que ha detenido a 16 militares acusados de estar involucrados en el crimen. Tras la prisión preventiva contra los implicados, la reconstrucción de los hechos está programada para el 30 de enero, mientras las familias de las víctimas buscan esclarecer la responsabilidad de los militares. En la investigación han surgido testimonios que apuntan a la posible participación de grupos delictivos organizados, según informa teleSUR
Uno de los testigos clave, identificado como “Luis T.”, relató que el 8 de diciembre permitió que los menores usaran su teléfono para comunicarse con sus familiares después de haber sido liberados por las fuerzas militares en el cantón de Taura. Según el padre de dos de los menores, Luis Arroyo, su hijo Ismael pidió ser rescatado junto a sus amigos. Sin embargo, poco después de la comunicación, el testigo alertó que los jóvenes podían ser secuestrados por un grupo mafioso, lo que generó dudas sobre la situación.
Otro testigo, “Luigi V.”, proporcionó información sobre un presunto grupo delictivo involucrado en el secuestro y asesinato de los menores. En su declaración, relató que vio a varios hombres en moto, uno de los cuales era conocido como “Ofelio”, que se llevaron a los adolescentes hacia un manglar en una lancha. Además, mencionó que se dio la orden de quemar los cuerpos el 9 de diciembre. A pesar de que estos testimonios aún deben ser verificados, la Fiscalía considera que pueden ser cruciales para determinar la responsabilidad de los implicados en este trágico caso.
Práctica institucionalizada
En Latinoamérica, la práctica de las fuerzas policiales y militares de secuestrar a personas y entregarlas a grupos criminales para su desaparición forzada, lejos de ser un hecho accidental o aislado, es un fenómeno común con profundas raíces históricas y políticas. En países como México, Colombia, Guatemala y Argentina, se ha documentado miles de casos en los que agentes del Estado, en complicidad con organizaciones del crimen organizado, han secuestrado y desaparecido a personas de forma sistemática, sobre todo en contextos de lucha contra organizaciones revolucionarias o el narcotráfico.
Durante las dictaduras militares en Argentina, Chile y otras naciones del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980, miles de personas fueron víctimas de desapariciones forzadas, muchas veces entregadas a grupos paramilitares o fuerzas criminales para ser eliminadas sin dejar rastro. Este patrón de impunidad ha persistido en diversos países de la región, alimentado por la corrupción, la falta de control institucional y la violencia estructural que caracteriza a muchas sociedades latinoamericanas. La impunidad y la falta de sanciones a los responsables de estas prácticas han perpetuado un ciclo de violaciones a los derechos humanos, dejando cicatrices profundas en las víctimas y sus familias, como es el caso de los cuatro menores desaparecidos en Ecuador.
