El Instituto Nacional de Estadística (INE) español ha publicado este miércoles un nuevo índice de referencia para la actualización de los alquileres de vivienda, que podría permitir a los propietarios incrementar las rentas hasta un 2,28% en 2024. Este aumento, correspondiente a diciembre, supera en 0,08 puntos el valor registrado en enero, que había sido del 2,2%. El nuevo índice, que sustituye al IPC, se aplicará a los contratos firmados después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023, con el supuesto objetivo de “contener” las subidas de los alquileres, aunque los datos indican que la contención es relativa, ya que los precios siguen subiendo.
El Gobierno español, a través de esta ley, ha delegado al INE la tarea de definir el nuevo índice de referencia para evitar que los precios de los alquileres sigan el ritmo de la inflación desbordada, especialmente desde la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. A partir de ahora, los propietarios podrán aplicar este índice, o el IPC si se estipula en el contrato de arrendamiento, para la actualización anual de los alquileres. Los rentistas podrán calcular el precio “máximo” de la renta utilizando una herramienta habilitada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Aunque Moncloa ha afirmado que estas medidas buscan fomentar “el alquiler asequible”, la propuesta ha sido criticada por algunos expertos, como Jaime Palomera, quien advierte que las condiciones podrían seguir favoreciendo el aumento de los precios de la vivienda. A pesar de que el Ejecutivo diga que trata de limitar los incrementos mediante iniciativas como la exención fiscal para caseros que ajusten los precios al nuevo índice, lo cierto es que lo único que hace la medida es desplazar parcialmente el coste de la subida de precios de los bolsillos de los inquilinos a las arcas públicas, que arrastran una gran deuda. Mientras tanto, la preocupación por la accesibilidad de los alquileres sigue latente, especialmente en un contexto económico complicado.
