Se desata un escándalo político en Pakistán tras el anuncio de que el ex primer ministro del país, Imran Khan, y su esposa, Bushra Bibi, han sido condenados en un caso de corrupción vinculado al Al-Qadir Trust, acusado de obtener grandes sumas de dinero y propiedades de Bahria Town Ltd para legalizar una transferencia de 190 millones de libras. Según informa el diario pakistaní Dawn, en una audiencia en la prisión de Adiala, el juez Nasir Javed Rana ha sentenciado a Imran Khan a 14 años de cárcel y a Bushra Bibi a 7 años. Además, se les impone una multa, y el tribunal ordena la confiscación de propiedades relacionadas con el fideicomiso, que ha sido considerado fraudulento.
La decisión judicial ha sido criticada por los seguidores de su partido, el Tehreek-e-Insaf (PTI), quienes argumentan que se trata de “una represalia política”. Defensores de Khan afirman que “no se ha probado que él haya obtenido beneficios personales del dinero involucrado”, señalando que la sentencia responde a una “persecución política”. Por su parte, el ministro de Justicia de Pakistán defendió la condena, destacando que “las leyes locales exigen que los fondos confiscados permanezcan en el país y se utilicen para prevenir el lavado de dinero”.
El caso también involucra al empresario Malik Riaz, propietario de Bahria Town, quien, según las acusaciones, facilitaría la transferencia de los fondos. Aunque Riaz y otros implicados se dieron a la fuga, el proceso sigue siendo uno de los temas más controvertidos en el país, con protestas de los seguidores de PTI exigiendo la liberación de Imran Khan. La situación está alimentando tensiones políticas en Pakistán, donde las confrontaciones entre el gobierno y la oposición se intensifican en las calles.
El conflicto político en Pakistán es síntoma una lucha de poder entre el PTI de las clases medias urbanas y los partidos PPP y PML-N, que representan los intereses de terratenientes y grandes corporaciones diferentes élites económicas y políticas. Además, los sectores policiales y militares interfieren a menudo en esta disputa, por sus intereses corporativistas en materia de defensa y seguridad. La crisis económica y las tensiones regionales con los Talibanes de Afganistán agitan la batalla por el control de los aparatos de Estado.
