La Administración del presidente Donald Trump ha autorizado redadas migratorias en lugares considerados previamente como espacios “protegidos”, incluidos colegios, hospitales, iglesias y albergues para víctimas de violencia. Esta decisión, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), revoca una directriz de la Administración Biden que buscaba evitar que los migrantes temiesen acudir a servicios esenciales. Según el DHS, la nueva medida “empodera a los agentes para cumplir la ley”, aunque diversas organizaciones la califican como un ataque directo contra las comunidades vulnerables.
La medida también incluye la reinstauración de la “expulsión inmediata”, una política que permite deportar a personas indocumentadas sin audiencia judicial. Este enfoque, que ya fue aplicado durante el primer mandato de Trump, afecta a migrantes con menos de dos años en el país. Grupos como Al Otro Lado y el Centro de Estudios de Género y Refugiados han expresado su rechazo, señalando que estas políticas “generan caos, sufrimiento y temor en las comunidades inmigrantes”. Melissa Crow, directora de litigios del CGRS, advirtió que las decisiones “destruyen el acceso al asilo y desgarran a las familias”.
La reacción internacional no se ha hecho esperar. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció medidas para devolver a los migrantes varados en el país a sus lugares de origen, mientras legisladores mexicanos pidieron informes a Estados Unidos sobre el tráfico de armas. Mientras tanto, las organizaciones humanitarias en la frontera sur trabajan para mitigar los efectos de estas políticas, y abogados como Lindsay Toczylowski confían en frenar las medidas en los tribunales, resaltando que “muchas de ellas ya fueron rechazadas por la opinión pública en el pasado”.
