El Congreso de los Diputados rechazó este miércoles el decreto ómnibus del Gobierno español con 183 votos en contra, 165 a favor y una abstención. El texto, que agrupaba medidas diversas como la prórroga del impuesto a las energéticas, la revalorización de las pensiones y las ayudas para afectados por la DANA, fue criticado por parte de la oposición por su carácter heterogéneo. El rechazo liderado por PP, Junts y otros grupos significa el fin inmediato de medidas clave, como la subida de pensiones, la gratuidad de ciertos abonos de transporte y la prohibición de desahucios para familias vulnerables.
La caída de la prohibición de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional y extender las ayudas al transporte fue un compromiso que Podemos había utilizado como moneda de cambio para apoyar otras leyes del Ejecutivo, como la reforma de la Ley de eficiencia del servicio público de la Justicia, que introducía una enmienda que agiliza los desalojos en caso de ocupación ilegal. Al final, la prórroga de un año a los desahucios de familias vulnerables no se llevará a cabo, junto a la supresión de ayudas al transporte público y la reducción de las pensiones a partir de febrero. Esto ha sido señalado como un retroceso que agravará la emergencia habitacional y la precariedad económica en los próximos meses. Mientras el Gobierno insiste en buscar “nuevas fórmulas” para salvar estas medidas, aunque su tramitación podría demorarse meses.
El decreto utilizaba la táctica del “ómnibus” al combinar iniciativas muy dispares en una sola votación, lo que según críticos buscaba forzar a los grupos a respaldar medidas que no estaban dispuestos a aprobar para no bloquear otras de carácter social. Sin embargo, esta estrategia resultó fallida, pues tanto PP, Junts y el PNV no han dudado en dar su “no” al pack completo y acusar al Gobierno español de usar el texto para “imponer chantajes”.
