En su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso este miércoles medidas contundentes en las redes sociales, bajo el pretexto de “combatir la desinformación y el extremismo”. Entre ellas, destacó la eliminación del anonimato digital y la obligación para las plataformas de “abrir la caja negra de los algoritmos”. Sánchez defendió que estas acciones buscan “garantizar la seguridad democrática”, aunque han generado preocupaciones respecto a posibles efectos en los derechos y libertades de los civiles y políticas.
El mandatario explicó que las cuentas en redes sociales “deberían estar vinculadas a una identidad digital verificable”, permitiendo que las autoridades actúen en caso de “delitos”. Aunque los usuarios podrían seguir empleando apodos, Sánchez subrayó que “la privacidad no equivale a la impunidad”. Además, planteó que “los propietarios de las plataformas digitales sean responsables del contenido que se difunde en ellas y cumplan con las normativas europeas en transparencia y moderación”.
Sin embargo, la propuesta abre un debate profundo. Mientras algunos sectores ven estas medidas como “necesarias” para “combatir la desinformación y el auge de discursos de odio”, otros alertan sobre los riesgos de incrementar el poder estatal. Críticos han señalado que históricamente el aumento de los poderes represivos, aunque inicialmente se haya declarado que iba dirigido contra grupos extrema derecha, termina afectando a voces disidentes. Esta dualidad refleja una creciente crisis en las democracias liberales, especialmente en un contexto donde plataformas digitales han sido acusadas tanto de amplificar contenidos ultras como de silenciar causas solidarias, como la defensa de Palestina. En estos casos, además, la censura resulta más velada que nunca, con pŕacticas como el shadowban y los algoritmos sesgados.
En su discurso, Sánchez apuntó directamente a figuras como Elon Musk, a quien vinculó con la normalización de discursos reaccionarios, y destacó la necesidad de que Europa “lidere una regulación más estricta de estos actores”. Sin embargo, voces críticas advierten que este tipo de medidas puede terminar consolidando las mismas prácticas autoritarias que supuestamente buscan combatir.
