Un reciente balance presentado por el Grupo Antimilitarista Tortuga y Juan Carlos Rois, del 31 de diciembre de 2024, advierte que el gasto militar del Estado español ha sobrepasado los 60.000 millones de euros, equivalente a más del 5% del PIB. Estos datos contrastan con las declaraciones oficiales, que apenas reconocen un 1% del PIB destinado a defensa (alrededor de 14.000 millones de euros más 2.000 millones para programas especiales de armamento). El informe señala que la disparidad nace de partidas dispersas en distintos ministerios y transferencias extrapresupuestarias, incrementando de forma significativa la factura real.
De acuerdo con el documento, la aprobación de gastos extraordinarios ha sido constante a lo largo de 2024, con un alza de 2.714,32 millones de euros respecto al presupuesto inicial, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Además, en noviembre y diciembre se aprobaron por lo menos 1.293,16 millones de euros adicionales en gastos militares, un rubro que no se ve reflejado de forma transparente en las cuentas públicas. El Estado español, señalan los autores, “recurre a ampliaciones de crédito y compromisos de deuda a largo plazo”, los cuales podrían duplicar los más de 40.000 millones de euros actualmente adeudados por Defensa. Un detalle llamativo del análisis de la IGAE es que, si se suman las inversiones reales en infraestructuras e intangibles militares, el sobregasto en Defensa podría alcanzar hasta un 44,6% más de lo presupuestado.
Más allá de la cifra global de gasto, el informe subraya la insostenibilidad de este modelo y su considerable impacto en la deuda pública, que ya supera los 1,57 billones de euros. Se demuestra pago de intereses, estimado en al menos 32.000 millones de euros anuales, y los compromisos de gasto plurianual para la adquisición de armamento generan un círculo vicioso de endeudamiento. Esta priorización del gasto militar relega otras partidas sociales e intensifica la crisis de las finanzas públicas, al destinar cada vez más recursos a una estructura militar sobredimensionada. Se critica, además, el rescate de empresas públicas del sector como Navantia, que en 2024 habría requerido 450 millones de euros adicionales, disparando aún más el coste a la administración pública.
Por otro lado, el informe va más allá al cuestionar la posición del Gobierno de PSOE-Sumar y su adhesión a las directrices de organismos militares internacionales, como la OTAN. Entre los hechos más destacables, figura la participación activa del Estado español en conflictos exteriores, con un gasto de 1.753,22 millones de euros en misiones militares en el extranjero durante 2024 y el constante apoyo logístico y económico a la guerra en Ucrania. De igual manera, se señala al Ejecutivo por mantener la compra y venta de armamento con países en conflicto, como el Estado de Israel, pese a haber declarado en varias ocasiones la supuesta “prohibición de exportaciones” por el genocidio en Gaza.
Los datos presentados revelan una realidad en constante contradicción con el discurso oficial: mientras el Gobierno de Pedro Sánchez denuncia la violencia israelí y sostiene haber interrumpido la venta de armas a partir de octubre de 2023, la investigación muestra cómo las exportaciones continuaron, superando los 1,1 millones de euros, y se ha seguido adquiriendo material militar de los sionistas, valorado en 7,9 millones de euros.
