Siete militantes antifascistas, de entre 21 y 27 años, se entregaron el pasado lunes a las autoridades en Alemania tras casi dos años en la clandestinidad, según medios alemanes como NDR y WDR. Los sospechosos son investigados por presunta participación en una serie de ataques en Budapest (Hungría) en febrero de 2023, donde, según informes policiales húngaros, nueve neonazis resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad. Las autoridades húngaras solicitan su extradición, mientras que grupos de solidaridad y abogados han expresado preocupación sobre la falta de garantías procesales en Hungría.
Lukas Bastisch, abogado de una de las detenidas, advirtió que su clienta podría enfrentar una condena de hasta 24 años de prisión en condiciones que “violan estándares mínimos de derechos humanos.” Además, cuestionó la imparcialidad del sistema judicial húngaro, al que calificó de “autoritario de derecha.” Manifestaciones en apoyo a los sospechosos se llevaron a cabo en ciudades alemanas como Leipzig y Jena, donde familiares y colectivos antifascistas leyeron mensajes de solidaridad.
Los militantes fueron trasladados a Karlsruhe y presentados ante el juez del Tribunal Federal de Justicia de Alemania, mientras las autoridades investigan a un total de 15 personas, incluidos 13 alemanes y dos italianos, por presuntos actos de “violencia y asociación ilícita”. Organizaciones de derechos humanos han señalado que este caso se enmarca en un contexto de creciente represión hacia movimientos antifascistas en Europa del Este.
