El decreto ómnibus, en un callejón sin salida

Mientras Junts endurece su postura en las negociaciones, el PP presiona en el Senado para aprovechar el bloqueo legislativo.

Foto: @felixbolanosg (X)

El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin encontrar una solución al fracaso del polémico decreto ómnibus, rechazado la semana pasada por PP, Vox y Junts. Este paquete legislativo incluía una subida de pensiones y casi un centenar de medidas sociales. Durante el fin de semana y el lunes, se intensificaron las negociaciones con Junts, que exige trocear el decreto para aprobarlo, pero las fuentes gubernamentales consultadas por El País asumen que no habrá acuerdo a tiempo para el Consejo de Ministros de este martes.

La situación política es cada vez más tensa. Junts y PP coinciden en pedir un texto desglosado, pero el Ejecutivo desconfía de los populares, que este martes usarán su mayoría en el Senado para promover una moción a favor de las pensiones, tras haber votado en contra de su subida. Según fuentes del PSOE, esta maniobra busca culpar a Moncloa de la incertidumbre entre los pensionistas, afectando a 12 millones de personas.

Mientras tanto, Junts endurece sus demandas, incluyendo cuestiones como la transferencia de competencias de inmigración a Catalunya. Desde Moncloa se busca evitar fragmentar el decreto, temiendo que esto socave la estabilidad de la mayoría parlamentaria con la que Sánchez ha sostenido su agenda social y económica.

Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz pidió aprobar el decreto “tal cual”, argumentando que está alineado con los sindicatos y representa un avance en protección social. Sin embargo, las tensiones internas en el Ejecutivo dificultan la decisión.

El PP, con Feijóo al frente, aprovecha el desgaste del Ejecutivo para aumentar la presión, acusando a Sánchez de priorizar sus pactos con Junts sobre las necesidades de los pensionistas. Mientras tanto, Sánchez culpó a la “coalición negacionista” de PP y Vox por bloquear el decreto, y denunció el lenguaje despectivo hacia los beneficiarios del escudo social. El Gobierno español enfrenta un dilema: ceder a las demandas de Junts o buscar una nueva estrategia que permita salvar parte de un decreto cuya paralización supone un desgaste político y social evidente.