Tras el derrocamiento de Bashar Al-Assad, el nuevo gobierno de facto en Siria, liderado por Muhammad Al-Jolani, ha implementado medidas que incluyen la ilegalización del Partido Baaz Árabe Socialista y de todas las formaciones que integraban el FNP, como el Partido Social Nacionalista Sirio, los dos partidos comunistas (Unificado y Bakdash), y otras formaciones y movimientos laicos y de izquierdas.
Estas acciones, bajo el pretexto de “las estructuras del anterior régimen”, han suscitado interrogantes sobre la dirección que tomará el país y la posible exclusión de ciertos grupos en la reconstrucción política. Diversos sectores temen que la disolución de estos partidos, algunos con una larga trayectoria en la política siria, pueda limitar la pluralidad y la representación en el futuro escenario político.
Aunque el nuevo gobierno, liderado por herederos directos de Al Qaeda, ha prometido “elaborar una nueva constitución y la celebrar elecciones libres”. Por el momento, no hay indicios de que Siria se vaya a convertir en una democracia liberal al uso. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos observan con atención estos desarrollos, instando a que la transición “garantice la participación de todas las facciones y respete los principios democráticos”. Las potencias occidentales, mientras tanto, brindan su apoyo diplomático sin exigir demasiadas garantías sobre las libertades políticas.
