El Consejo de Ministros del Gobierno español ha dado luz verde a un anteproyecto de ley que reduce la jornada laboral máxima legal en el Estado español de 40 a 37,5 horas semanales. Esta medida, que llega tras una reforma de pensiones que fomenta la jubilación a los 72 años, entrará en vigor tras su tramitación parlamentaria.
La ley, que el Gobierno de Pedro Sánchez y sobre todo el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz presentan como “una medida progresista” para los trabajadores, llega como una respuesta ante las evidentes disonancias que existen entre la legislación y la realidad del mercado laboral en el Estado español. Aunque el recorte de horas a priori podría resultar una mejora para la clase trabajadora, lo cierto es que llega en un contexto donde persisten marcadas desigualdades laborales, especialmente entre el sector público y privado, por lo que el Ejecutivo se ve empujado a actuar ante los desajustes estructurales existentes y trata de convencer a la patronal de que sus ganancias a largo plazo se podrían ver comprometidas si no toman medidas.
Desde Moncloa parecen ser conscientes del peligro que supone para la establidad de la economía que la jornada estipulada por ley no refleje la jornada real de muchos trabajadores, que frecuentemente se ven obligados a realizar horas extra no remuneradas. Según datos de CCOO, en el Estado español se realizan cada semana 2,6 millones de horas extra que no se pagan, lo que representa un ahorro de hasta 3.254 millones de euros anuales para las empresas. Este fenómeno de explotación laboral ilegal, que está instalado en muchos subsectores del sector privado, muestra una brecha que sigue sin abordarse de manera efectiva. Por ello, el Gobierno quiere establecer una nueva normativa que module las condiciones laborales con registros de horarios más estrictos y sanciones más severas para las empresas incumplidoras, pero aún está por ver si estos cambios serán efectivos y suficientes para modificar una práctica tan arraigada.
Además, el desequilibrio entre el sector público y el privado no se encuentra solo en las horas de trabajo, sino también en los salarios: El Estado español lidera la brecha salarial entre el sector público y privado en la UE. Sus empleados públicos ganan, de media, un 24% más que los privados, frente al 9% en la UE. Esto, sumado a la cuestión de las horas de trabajo, trae consecuencias como que las nuevas generaciones se inclinen cada vez más por el empleo público, algo que la patronal y el Gobierno temen a largo plazo.
Sin embargo, la tramitación de la reducción de la jornada laboral en el Congreso de los Diputados no está exenta de incertidumbres. El anteproyecto debe pasar por un proceso de negociación parlamentaria que podría modificar algunas de sus líneas más destacadas. En este sentido, la falta de garantías de apoyo y la dilatación de los plazos de aprobación dejan entrever que la reducción de la jornada laboral es una respuesta forzada, más que una iniciativa estratégica, ante la creciente presión por abordar los desajustes laborales que afectan tanto a la productividad como al bienestar de los trabajadores.
