Un juez federal de Massachusetts ha suspendido este jueves el ultimátum impuesto a más de dos millones de funcionarios federales en EEUU, obligados a decidir si aceptan una oferta de “dimisión diferida” hasta el 30 de septiembre con una indemnización de ocho meses de sueldo. La decisión, que se conoció horas antes de la fecha límite para aceptar la propuesta, fue bloqueada por la corte tras una demanda presentada por la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE) y otras organizaciones sindicales. Estas denunciaron que el plan, impulsado por el oligarca Elon Musk como parte de un proyecto de recorte masivo sobre la administración pública, era “arbitrario, ilegal y excesivamente breve”. El tribunal ha fijado una nueva audiencia para el lunes, lo que suspende temporalmente la ejecución del plan.
El plan propuesto por Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), cuyo objetivo es recortar el tamaño de las agencias federales, ofrece a los funcionarios la posibilidad de conservar su salario y beneficios hasta finales de septiembre. Sin embargo, a cambio deben renunciar a la posibilidad de presentar acciones judiciales en el futuro. A pesar de la controversia, más de 40.000 empleados federales han aceptado la oferta, lo que representa alrededor del 2% del total de la plantilla. La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, ha animado a más funcionarios a que consideren la oferta. “Esperamos que ese número aumente”, declaró Leavitt, haciendo referencia al impacto que tendría en los esfuerzos de reducción del gasto público.
La propuesta de Musk ha generado fuertes críticas por parte de los sindicatos, que argumentan que el plan “carece de las garantías legales necesarias” y que podría tener “consecuencias graves para los trabajadores del gobierno”. El presidente de la AFGE, Everett Kelley, calificó el plan como “una estafa” y advirtió que los funcionarios “no deben dejarse engañar por la palabrería de multimillonarios no electos”. La iniciativa también ha generado incertidumbre en agencias como USAID, que se ha visto paralizada, y en el Departamento de Estado, donde también se teme una reducción drástica de personal. Además, ha trascendido que la CIA también está siendo afectada, con planes de despido masivo de oficiales de bajo rango. La situación se complica aún más debido a la falta de claridad sobre la legalidad del plan y su posible impacto en la administración pública a largo plazo.
