Más de 4.700 familias se han visto afectadas por la suspensión temporal del Ingreso Mínimo Vital (IMV) debido a errores burocráticos en la renovación de certificados, según ha confirmado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A pesar de las promesas de “solución rápida” por parte de Moncloa, lo cierto es que miles de afectados continúan enfrentando graves dificultades económicas, y varios colectivos sociales critican la ineficiencia y el desinterés institucional en la gestión de esta ayuda vital.
A pesar de que los informes fueron entregados dentro del plazo, muchos de los beneficiarios se encontraron sin ayuda debido a un “atasco burocrático” en la administración. Trabajadores sociales han alertado de que este problema ha sido “consecuencia de una gestión ineficaz”, que no procesó los certificados a tiempo, afectando a aquellos que dependen del IMV para cubrir necesidades básicas.
El Ministerio ha defendido “la necesidad de realizar estos controles para garantizar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan”, pero colectivos como ATD Cuarto Mundo han criticado la suspensión de la ayuda como un “atropello” a la dignidad de las personas. A pesar de la promesa de ampliar los plazos para el próximo año, las familias siguen esperando respuestas para evitar que esta situación se repita.
Por si esto fuera poco, se calcula que estos errores burocráticos han provocado que alrededor de 150.000 familias estén siendo presionadas en estos momentos por parte de la administración para que devuelvan cuantías que oscilan entre los 3.000 y 20.000 euros.
