El 2025 comenzó con un dato sorprendente en el mercado laboral del Estado español: por primera vez, los fijos discontinuos inscritos en los servicios públicos de empleo superaron en número a los trabajadores activos con este tipo de contrato. Según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), había 859.795 demandantes con relación laboral, una cifra superior a los 779.789 trabajadores en activo con contrato de fijo discontinuo, según la Seguridad Social. Esta modalidad de contrato, que incluye períodos de actividad e inactividad, ha sido objeto de debate desde la entrada en vigor de la reforma laboral en 2021, debido a que los trabajadores en inactividad no cuentan como desempleados en las estadísticas, lo que ha generado cuestionamientos sobre si se trata de una forma de “maquillar” el paro real.
Aunque los contratos fijos discontinuos han crecido significativamente desde la reforma, la cifra de trabajadores activos no ha aumentado de forma proporcional. En el último año, la cantidad de asalariados ha disminuido un 3,3% respecto a enero de 2024, mientras que los demandantes con relación laboral han crecido un 10%. Este comportamiento ha generado preocupación sobre la estabilidad de estos contratos, que son estacionales y están sujetos a largos períodos de inactividad, un fenómeno que no se explica fácilmente en un contexto de supuesto “crecimiento económico y creación de empleo”, como aseguran desde el PSOE y desde Sumar.
El Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Yolanda Díaz, ha sido criticado por la falta de transparencia y por no cumplir con su compromiso de publicar datos detallados sobre los fijos discontinuos inactivos. Según la normativa vigente, estos trabajadores no son considerados parados, pero el Gobierno español no ha proporcionado información suficiente sobre la realidad de esta categoría, lo que dificulta el análisis adecuado del mercado laboral. Aunque muchos de estos demandantes no reciben prestaciones por desempleo, se inscriben para acceder a otras ayudas, como cursos de formación o puntos en convocatorias de empleo público, lo que añade complejidad a la interpretación de las estadísticas oficiales, que enfrentan acusaciones de “sesgos” desde diferentes sectores.
