Un juez federal de Massachusetts, George O’Toole, ha levantado el bloqueo temporal que impedía a la administración de Donald Trump implementar su programa de bajas incentivadas para funcionarios. Este plan, liderado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, ofrece a los empleados públicos ocho meses de sueldo a cambio de su renuncia. El juez argumentó que los sindicatos y organizaciones que presentaron la demanda no tienen “participación directa” en el programa, por lo que “carecen de legitimidad para impugnarlo”. Hasta ahora, unos 65.000 funcionarios han aceptado la oferta, según datos de la Casa Blanca.
El programa, denominado “Fork in the Road” (Encrucijada en el camino), fue comunicado a los 2,2 millones de empleados federales el 28 de enero, dándoles hasta el 6 de febrero para decidir si aceptaban la oferta o se arriesgaban a posibles despidos en futuras reducciones de personal. Aunque el juez O’Toole no se pronunció sobre la legalidad del plan, su decisión permite a la administración establecer un nuevo plazo para que los funcionarios acepten la oferta. Sin embargo, este fallo no cierra la puerta a futuros desafíos legales, ya que los críticos argumentan que el programa invade la autoridad del Congreso.
Los sindicatos y organizaciones como Democracy Forward han denunciado que el plan es “ilegal” porque el Congreso no ha asignado los fondos necesarios para pagar las compensaciones prometidas. Legisladores demócratas han advertido a los funcionarios que “no hay garantías de que reciban los ocho meses de sueldo ofrecidos”. Everett Kelley, presidente de uno de los sindicatos demandantes, calificó la decisión del juez como “un revés en la lucha por la dignidad y la equidad de los funcionarios públicos”. Mientras tanto, el Congreso sigue negociando los presupuestos para el próximo año fiscal, con el riesgo de un cierre de gobierno si no se alcanza un acuerdo antes del 14 de marzo, lo que dejaría a los funcionarios sin salario.
