Desde 2003, la violencia machista en el Estado español ha dejado 1.862 huérfanos, de los cuales 969 son menores de edad, según datos de la Fundación Mujeres recogidos por La Vanguardia. Este número podría ser incluso mayor, ya que las estadísticas oficiales solo recogen a los huérfanos menores, y no existe un protocolo sistematizado para la recopilación de datos que abarque a todos los afectados. En el caso de los menores, la tragedia no solo afecta emocionalmente, sino también económicamente. “La vida se les rompe por completo”, señala Marisa Soleto, directora de la Fundación, destacando la angustia que viven al ser separados de su familia y la incertidumbre económica que enfrentan los menores de la clase trabajadora al no recibir las pensiones correspondientes de manera inmediata.
En 2023, el número de menores huérfanos alcanzó un máximo histórico, con 56 víctimas de violencia machista, según datos de la Delegación del Gobierno de España contra la Violencia de Género. Este incremento ha sido progresivo desde que comenzaron los registros, con años anteriores como 2015 y 2019 también mostrando cifras alarmantes, con 51 y 48 menores huérfanos, respectivamente. La violencia de género afecta profundamente a la estructura familiar, y en muchos casos, los huérfanos son testigos de los episodios de violencia contra sus madres. Algunos de estos menores incluso han sido los primeros en llamar a los servicios de emergencias tras presenciar el asesinato de su madre.
Las organizaciones que trabajan con las víctimas de la violencia de género han solicitado un protocolo común de atención a los huérfanos, ya que actualmente existen disparidades en la respuesta de las comunidades autónomas. “Es necesario unificar los esfuerzos de los operadores públicos para que el trato a estas víctimas sea coherente”, indica Elena Valenciano, presidenta de la Fundación Mujeres. En la actualidad, muchos servicios sociales en los municipios carecen de los recursos adecuados para apoyar a estos huérfanos, lo que aumenta el sufrimiento y la incertidumbre que enfrentan.
Además, las organizaciones abogan por la extensión de la ayuda a estos huérfanos hasta los 26 años, argumentando que a esa edad los jóvenes aún no tienen la estabilidad económica necesaria para independizarse. Este tipo de apoyo se ofrece en otros ámbitos, como el sistema de Seguridad Social, pero no está presente en todos los casos relacionados con la violencia de género. Según los datos de la Fundación, entre 2023 y 2024, más del 64% de las becas se otorgaron a menores de edad, mientras que el resto fue destinado a jóvenes adultos. Esto refleja que muchos huérfanos tienen en riesgo de quedarse desprotegidos al llegar a la mayoría de edad legal.
Por último, la Fundación Soledad Cazorla ha atendido a estos huérfanos durante los últimos ocho años, con un total de 252 becas entregadas hasta finales de 2024. Estas becas han permitido a muchas familias acoger a menores que han perdido a sus madres debido a la violencia machista. En el último año, Andalucía fue la comunidad con el mayor número de familias beneficiarias, seguida por la Comunidad de Madrid y Galiza. La organización también ha brindado asesoramiento legal gratuito en 269 casos, contribuyendo a aliviar las consecuencias legales y administrativas de esta tragedia. Sin embargo, el número de huérfanos sigue creciendo.
