El Estado español ha aumentado su gasto militar del 0,9% del PIB en 2019 al 1,3% actual, alcanzando los 19.700 millones de euros, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Para cumplir con el compromiso de la OTAN, de momento, el país debería llegar al 2%. Solo esto, supondría incrementar en 16.000 millones el presupuesto en cinco años, a razón de 4.000 millones anuales.
Sin embargo, Donald Trump ha exigido a los aliados de la OTAN elevar su inversión militar hasta el 5% del PIB de manera inmediata. En el caso del Estado español, esto significaría un salto de hasta los 79.000 millones anuales, es decir, un aumento de 50.000 millones respecto a la actualidad. “Es el doble de lo que España gasta en subsidios de desempleo”, recordaba este martes el periodista Javier Ruiz en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser.
El gasto militar, aún sin las subidas que solicitan desde la OTAN y Washington, ya supera al de sanidad, educación y cultura juntas. Un aumento de la magnitud que solicitan los aliados estratégicos del Estado español requeriría una reestructuración drástica del presupuesto. “Para llegar a eso habría que desmontar el Estado del Bienestar”, advirtió Ruiz, advirtiendo sobre las consecuencias de la propuesta estadounidense.
Este escenario genera incertidumbre en Madrid y en Bruselas, donde los aliados se enfrentan a una presión creciente de Washington para aumentar su contribución militar. La cuestión es los países puede asumir tal esfuerzo sin comprometer otros pilares clave del gasto público, y cómo lo gestionarán políticamente. Por el momento, la postura pública de Pedro Sánchez es que se compromete a aumentarlo al 2%, mientras prepara las negociaciones con los socios europeos para ante una eventual obligación de redoblarlo hasta el 5%. Para ello, será clave la “flexibilización de las reglas fiscales” que acaba de anunciar la UE exclusivamente para el gasto militar. Dentro de esta normativa, Sánchez tratará de negociar una posición más favorable, en la que el gasto se realice “de forma compartida”, una idea que países como Alemania y Holanda descartan por el momento.
