La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados rechazó este martes la propuesta de Podemos para ilegalizar las empresas de desalojo extrajudicial y tipificar sus actividades como delito de odio. La iniciativa, que contó con el apoyo de Sumar, ERC y EH Bildu, se encontró con la abstención del PSOE, que, a pesar de “compartir la preocupación sobre estas prácticas”, confía en que “la reforma del Código Penal en curso permitirá desarticular o ilegalizar dichos grupos”. En cambio, el PP y Vox votaron en contra. Ione Belarra, portavoz de Podemos caracterizó a estas empresas como “organizaciones parapoliciales fascistas violentas”, como ha quedado probado más de una vez. Cuando formó parte del Gobierno de España, Podemos criticó a las empresas de desocupación y propuso algunas leyes para regular su actividad, pero no propuso ninguna medida tan contundente como esta última.
La propuesta de Podemos, que subraya el daño de estas empresas realizan en un contexto de vulnerabilidad social, se centró en la figura de “Desokupa”, liderada por Dani Esteve, a quien Belarra calificó como “delincuente” y vinculándolo a “figuras de la corrupción”. El PSOE, a través del diputado Víctor Camino, se abstuvo al considerar que las reformas penales “ya contemplan medidas suficientes para poner fin a las actividades de estas empresas sin necesidad de una nueva legislación específica”. Además, consideró que los artículos 169 y 172 del Código Penal “son capaces de frenar las amenazas y coacciones vinculadas a estos desalojos”. Sin embargo, la jurisprudencia no da fe que esto se haya juzgado así en demasiados casos.
Por su parte, los diputados de Junts y ERC expresaron “su preocupación” por los abusos cometidos por estas empresas, “tanto contra propietarios como okupas”, aunque su abstención reflejó un intento de “equilibrar” la respuesta. En este contexto, el debate sobre la ilegalización de las empresas de desocupación pone en relieve la tensión social y política que genera la cuestión.
