El partido Junts ha lanzado una serie de propuestas legislativas para abordar las ocupaciones, buscando “medidas rápidas y eficaces”. La más destacada es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que permitiría que las personas que habiten inmuebles bajo acusación de usurpación sean desalojados en un plazo máximo de 48 horas tras la denuncia, si no pueden acreditar la propiedad de la vivienda ocupada. Según informa La Vanguardia, Junts ha trabajado de cerca con los colegios de abogados de Barcelona, Madrid y Málaga para impulsar esta reforma.
En su rueda de prensa, el secretario general de Junts, Jordi Turull, subrayó que la ocupación de viviendas “ha aumentado significativamente en los últimos años, con casi 10.000 pisos ocupados solo en Cataluña”. La propuesta de Junts también contempla que la policía pueda ejecutar desalojos sin necesidad de permiso judicial.
Además, Junts propone una nueva ley que habilitaría a las comunidades de vecinos a solicitar el desalojo de viviendas ocupadas “que afecten la convivencia”, especialmente en casos donde los propietarios no actúan. Esta propuesta ya fue rechazada en el Parlament de Catalunya en 2023, pero el partido ha decidido insistir con una nueva versión de la iniciativa.
La Comunidad de Defensa de los Espacios bajo Control Obrero ha expresado su rechazo a las propuestas de Junts, argumentando que el aumento de las ocupaciones no responde a mafias, sino a una crisis habitacional y económica. Según esta organización, los datos muestran que las ocupaciones afectan a un porcentaje mínimo de viviendas, mientras que el verdadero problema es el encarecimiento de la vida, la especulación inmobiliaria y los desahucios masivos. La Comunidad de Defensa considera que las medidas propuestas por Junts “criminalizan a los ocupantes sin abordar las causas profundas del fenómeno” y defiende que la solución pasa por asegurar vivienda gratuita para todas las personas, “en lugar de seguir un enfoque autoritario que excluye a la clase trabajadora de la ecuación”.
