El Comité Europeo de Derechos Sociales, parte del Consejo de Europa, ha emitido una condena contra el Estado español por vulnerar hasta diez derechos básicos de los habitantes de la Cañada Real. Esta resolución surge a raíz de una queja presentada por diversas organizaciones, como la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las Personas Sin Hogar (FEANTSA) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), que denunciaron la desconexión del suministro eléctrico en la zona desde el 2 de octubre de 2020. La comunidad de 4.500 personas sigue viviendo sin electricidad durante más de cuatro años debido a la falta de acción de las autoridades locales y estatales, encabezadas por la coalición de Gobierno PSOE-Sumar; “el gobierno más progresista de la historia”.
Según el testimonio aportado por el director de Estrategia Jurídica de Gentium Rafael del Cid a El Salto, esta es la primera vez que un organismo internacional reconoce explícitamente que se están vulnerando los derechos fundamentales de los habitantes de la Cañada Real. El comité ha señalado que las administraciones españolas, tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno de Pedro Sánchez, “no han implementado medidas adecuadas para restablecer el suministro eléctrico, lo que ha causado una crisis humanitaria en la zona”. “Supone un reconocimiento jurídico importante para solucionar su problema desde la perspectiva del derecho aplicable”, indica Del Cid.
El Comité Europeo destaca que la falta de electricidad pone en riesgo la vida y la integridad de los residentes, lo que constituye una violación de sus derechos a la vivienda, la salud y la seguridad. Las autoridades españolas han argumentado que “el corte fue responsabilidad de las compañías eléctricas privadas”, pero el comité ha subrayado que no hay excusas: el Estado tiene, en teoría, la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos en todas las circunstancias. La resolución exige, por tanto, “medidas inmediatas para restablecer el suministro y prevenir daños irreparables a los afectados”.
La decisión del Comité es vinculante, lo que significa que el Gobierno español debe actuar para cumplir con la resolución. De no hacerlo, se podría recurrir a la ejecución legal del fallo. Las organizaciones demandantes insisten en que las acciones adoptadas por las administraciones, como el plan de realojo propuesto, son insuficientes e inadecuadas, y aseguran que la situación en la Cañada Real continúa siendo crítica.
