El Gobierno español ha propuesto condonar 83.252 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas (CCAA) de régimen común. El plan, que traslada esta carga al Estado y se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), no elimina la deuda pública total, sino que la redistribuye. La medida tiene su origen en un acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC, que busca aliviar el endeudamiento ligado al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), creado en 2012 tras la crisis financiera. Con ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se asegura el apoyo de ERC y logra rebajar la presión de Junts, estabilizando la legislatura. Sin embargo, lejos de ser una medida técnica neutra, ha desatado una intensa controversia política por sus implicaciones económicas, el desequilibrio fiscal entre regiones y las motivaciones políticas detrás de su diseño.
Según la propuesta del Gobierno español, las comunidades más beneficiadas serían Andalucía y Catalunya, con una condonación de 18.791 y 17.104 millones de euros, respectivamente. Les siguen la Comunitat Valenciana (11.210 millones) y Madrid (8.644 millones). La Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra quedan fuera de la medida, al contar con un régimen fiscal propio. Sin embargo, ambas han solicitado compensaciones equivalentes. La aprobación definitiva de la condonación requiere el respaldo de las Cortes a través de una ley orgánica, que se vota en breves.
Sin embargo, sectores críticos como el PP argumentan que “incentiva la irresponsabilidad fiscal al no imponer condiciones de ajuste”, premiando a “gestiones derrochadoras” mientras regiones como Madrid, con “poca deuda estatal”, quedan al margen. Desde el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, denuncian que es una “compra” de apoyo político a Sánchez, especialmente para Catalunya, y la Xunta de Galicia calcula que asumirlo estatalmente elevaría su carga per cápita.
El debate político se intensifica porque no todos ven en la medida “un fortalecimiento del Estado autonómico”, como sostiene Moncloa, sino “un trato desigual”. ERC celebra el “alivio” para las arcas públicas de Catalunya, pero autonomías del PP planean rechazarla en el CPFF, aunque podrían acogerse luego por necesidad. La derecha advierte que una quita sin condicionalidad “agrava la indisciplina fiscal” y carga al Estado, ya de por sí endeudado, con un coste que podría dañar el crecimiento. Por otro lado, voces de la izquierda sugieren que, “si bien puede liberar recursos para servicios públicos, debería vincularse a una fiscalidad progresiva”. Así, el plan, que requiere una ley orgánica y enfrenta obstáculos en un Congreso de los Diputados dividido, no solo redistribuye deuda, sino que reaviva tensiones territoriales sobre solidaridad y el sistema autonómico del Estado español, una cuestión históricamente delicada.
El fondo del debate es un sistema de financiación autonómica que no satisface a muchos, agravado por el uso político de la condonación de deuda. Mientras algunas comunidades ven en la medida una oportunidad de alivio financiero, otras la consideran un agravio comparativo. La falta de consenso y la carga que esto supone para las cuentas públicas podrían convertir esta medida en un foco de inestabilidad política y económica en los próximos años.
