En las últimas semanas, varios periodistas y defensores de derechos humanos han informado haber sido contactados por plataformas tecnológicas, alertándolos de que sus teléfonos móviles habían sido infectados con un software espía de grado militar desarrollado por la empresa israelí-estadounidense Paragon. Según fuentes cercanas al caso mencionadas por Jacobin, Paragon permitió el acceso en tiempo real a los dispositivos de los objetivos, sin que existieran pruebas claras de justificación legal para dichas intervenciones. Husam El Gomati, activista libio en Suecia, fue uno de los primeros en alertar públicamente sobre la intrusión, seguido por Francesco Cancellato, director del portal Fanpage.it, quien también descubrió que su teléfono fue objeto de espionaje. La situación afectó a miembros de la organización Mediterranea, un grupo de rescate de migrantes, cuyos miembros han sido críticos de las políticas italianas en Libia. Entre ellos también se vieron implicados, Luca Casarini y David Yambio, activistas que participaron en la denuncia de torturas por parte Al-Masri, un señor de la guerra libio iberado recientemente bajo la primera ministra italiana Giorgia Meloni Al-Masri.
El gobierno italiano, a través de su Agencia de Inteligencia, ha negado haber espiado a periodistas y activistas, aunque admitió haber utilizado el software de Paragon. La firma israelí-estadounidense rompió el contrato con Italia, señalando que “el gobierno italiano había violado los términos de servicio”, lo que sugiere que el uso del software pudo haber sido ilegal. A pesar de estas revelaciones, políticos italianos, como el líder del Senado Luca Ciriani, han defendido “la legalidad” de las prácticas y han amenazado con “emprender acciones legales contra quienes acusan al gobierno de espionaje”, lo que ha generado preocupación sobre las libertades políticas en el país.
El escándalo ha puesto en evidencia no solo la falta de transparencia en las instituciones italianas, sino también las conexiones entre las empresas tecnológicas las y prácticas de vigilancia ilegales, lo que alimenta una creciente desconfianza en el gobierno que regula estas actividades. Mientras tanto, figuras políticas como el vicepresidente Matteo Salvini han intentado desviar la atención hacia supuestos conflictos internos en los servicios secretos italianos, mientras Meloni se ha negado a declarar al respecto en el Parlamento, invocando la ley de secretos de estado.
