El gasto en prestaciones por desempleo en el Estado español aumentó un 6,46% en 2024, pese a que el paro registrado cayó un 6% interanual, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Este aumento se debe, en parte, al crecimiento de las prestaciones contributivas, que subieron un 5,1%, mientras que las asistenciales se redujeron un 14,4%. Además, el gasto medio por beneficiario ha subido un 13,7%, impulsado por la reforma laboral y el nuevo cálculo de las prestaciones.
Las cifras de desempleo no reflejan la totalidad de personas sin empleo. Según los datos del SEPE, hay al menos 859.000 trabajadores con contratos fijos discontinuos en situación de inactividad, que no figuran como desempleados aunque no estén trabajando.
A esto se suman otros 372.549 trabajadores con “disposición limitada” y 200.532 “en formación o programas de activación”, que tampoco figuran en el total de parados. Este efecto es consecuencia de la reforma laboral, que alteró los conceptos para la contabilizar el paro: sustituyó parte de los contratos temporales por fijos discontinuos, permitiendo que trabajadores sin empleo durante meses no sean contabilizados en las estadísticas oficiales de desempleo.
Esta decisión ha impactado en la tasa de cobertura de prestaciones, que en enero de 2025 alcanzó el 74,1%, un récord histórico. En Balears, donde los fijos discontinuos tienen un peso significativo por su sector turístico altamente temporalizado, el índice llegó al 329%. Es decir, en las Islas Baleares hay más personas cobrando prestación que parados registrados.
Según el SEPE, en regiones con alta concentración de estos contratos, la cobertura puede superar el 100%, lo que muestra cómo el diseño actual del mercado laboral está alterando las cifras de desempleo y protección social.
