500 personas duermen cada noche en los aeropuertos del Estado español

La falta de acceso a viviendas asequibles obliga a cientos de personas a refugiarse en aeropuertos como los de Madrid, Barcelona o Palma.

Una persona pernocta en el aeropuerto de Palma de Mallorca.
Foto: EFE

Cada noche, 41 personas pernoctan en el aeropuerto de Palma de Mallorca, según un recuento del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales realizado en febrero de 2025. Este número muestra un aumento en los últimos años, especialmente durante el invierno.

En 2024, Balears fue la segunda provincia con los alquileres más caros del Estado español, lo que ha llevado a muchas personas a buscar refugio en espacios no convencionales, como el aeropuerto. Sin embargo, el aeropuerto más afectado por este fenómeno es el de Madrid-Barajas, con cerca de 500 personas que pasan la noche allí a diario.

La falta de coordinación entre las administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y Aena, dificulta aún más la resolución del problema. La situación también se extiende a Barcelona, donde en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat se estima que unas 160 personas sin hogar pernoctan habitualmente.

Recientemente, un operativo de desalojo llevado a cabo por Mossos d’Esquadra y guardias de seguridad para el World Mobile Congress, desató críticas de organizaciones no gubernamentales, que señalaron la falta de alternativas habitacionales.

Además de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, las instalaciones de Gran Canaria y Tenerife Sur también albergan a personas sin hogar. Según el Ayuntamiento de Telde, en 2023 unas 40 personas pasaban las noches en el aeropuerto de Gran Canaria.

En este caso, el perfil predominante es el de personas mayores de la Unión Europea, quienes eligen estos espacios porque los consideran más seguros. La ONG Hogar Sí señala que la situación en los aeropuertos refleja un problema estructural, y destaca que el sistema de atención tradicional no está respondiendo de manera eficaz, ya que las plazas en los recursos habilitados no son suficientes y no se ajustan a las necesidades de los afectados.