Alemania modificará su Constitución para endeudarse

Un pacto de Estado entre la CDU, el SPD y Los Verdes permitirá soltar el freno de deuda para aumentar el gasto militar, con un fondo especial de 500.000 millones de euros.

Friedrich Merz, candidato de la CDU a la cancillería, en el Bundestag alemán.
Foto: Friedrich Merz (X)

El Parlamento alemán debatirá la próxima semana una reforma constitucional que permitirá al gobierno superar los actuales límites de endeudamiento en ciertas áreas. La Unión Cristianodemócrata (CDU), el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes han alcanzado un acuerdo para modificar la Ley Fundamental y destinar hasta 500.000 millones de euros a distintos proyectos, según informan fuentes parlamentarias a agencias internacionales.

El cambio afectará tanto a la financiación de infraestructuras como a programas gubernamentales en el ámbito de la “seguridad” y la “cooperación internacional”. El líder de la CDU, Friedrich Merz, propuso inicialmente una asignación de 50.000 millones de euros para proyectos medioambientales, pero tras las negociaciones con Los Verdes, la cantidad se incrementó hasta 100.000 millones.

La reforma también excluye del freno de la deuda, fijado en el 0,35 % del PIB, determinadas inversiones, lo que permitirá al Estado disponer de mayor margen de financiación. Merz afirmó que el fondo especial garantizará la disponibilidad de 500.000 millones de euros en 12 años y que “supondrá una inversión superior a 40.000 millones anuales”.

El acuerdo incluye además la eliminación del límite del 1% del PIB en ciertos gastos vinculados a “la seguridad del Estado”, lo que supone una partida adicional de aproximadamente 43.000 millones de euros.

También se prevé el incremento de la financiación a los gobiernos regionales con una asignación de 100.000 millones de euros. La votación en el Bundestag está programada para el martes y requiere una mayoría de dos tercios. Die Linke, Alternativa para Alemania (AfD) y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) han anunciado posibles impugnaciones ante el Tribunal Constitucional al considerar que el Parlamento saliente no debería aprobar medidas de largo alcance.