El anteproyecto de Ley para la mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, presentado recientemente por el Gobierno español, ha generado controversia al incluir un artículo que convierte al Ministerio de Transformación Digital en la “autoridad competente” en materia de medios de comunicación.
Esta atribución, recogida en el nuevo artículo 153 bis de la Ley General de Comunicación Audiovisual, otorga a Moncloa la capacidad de proponer, elaborar y modificar normas sobre los medios, una potestad que hasta ahora no existía y que expertos han comparado con una posible “Ley de Prensa encubierta”. La normativa se presenta como una adaptación al Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), que sin embargo establece que la supervisión debe recaer en autoridades independientes, y no en un ministerio gubernamental.
Además, Sumar Galicia ha propuesto una enmienda para penalizar en el Código Penal “la difusión de desinformación política intencionada en redes sociales”. Esta medida, que se debatirá en la asamblea estatal de la formación, busca otorgar al Estado español herramientas para sancionar la difusión de contenidos que considere “manipuladores”, una iniciativa que despierta dudas sobre su compatibilidad con la libertad de expresión.
Paralelamente, desde la dirección estatal de Sumar se ha planteado la creación de una unidad de vigilancia sobre la prensa para controlar su financiación pública, lo que ampliaría aún más la capacidad del Madrid para intervenir en el sector mediático.
Juristas consultados por El Confidencial advierten de que estos cambios podrían sentar un precedente peligroso al otorgar al Ejecutivo un margen amplio para regular los medios sin una supervisión independiente.
También alertan sobre el riesgo de que futuros gobiernos utilicen estas competencias para controlar la narrativa informativa. A esto se suma el retraso en la adaptación del Estatuto de la CNMC, lo que podría generar sanciones de la UE, ya que esta entidad debería asumir el control del registro de medios y no el Gobierno español.
