El Gobierno español ha aprobado un real decreto ley que establece el reparto de 4.400 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta hacia el resto de comunidades autónomas. La medida busca descentralizar la acogida de estos territorios, donde el número de menores recibidos ha superado ampliamente su capacidad de respuesta.
Moncloa ha negociado con Junts para asegurar el respaldo parlamentario necesario tras el rechazo previo del PP y Vox. Según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el decreto es “de obligado cumplimiento” y será convalidado en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas.
El PP ha expresado su rechazo frontal a la medida, argumentando que el reparto es “arbitrario” y que “impone una carga desproporcionada sobre algunas comunidades”, como Madrid, que deberá acoger más de 700 menores. Mientras tanto, Catalunya, con mayor capacidad de acogida previa, recibirá menos de 30.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que recurrirá la norma ante los tribunales españoles y europeos, denunciando que “se usa a estos menores como arma política”. Otros presidentes autonómicos del PP, como Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana y Juanma Moreno en Andalucía, han calificado la medida de “imposición” y han advertido de una posible “rebelión legal” contra el decreto.
El equipo de gobierno encabezado por Pedro Sánchez sostiene que la distribución se basa en “criterios técnicos, considerando la población, la renta per cápita y la capacidad de acogida de cada comunidad”. Además, ha habilitado un fondo extraordinario de 100 millones de euros para financiar a las regiones receptoras.
Sin embargo, Moncloa matiza que “solo podrán acceder a estos fondos aquellas autonomías que demuestren que su sistema de acogida ya está sobreocupado”. Mientras tanto, el PP prepara recursos judiciales contra la norma, aunque desde el PSOE insisten en que “la ley es de aplicación obligatoria y que las comunidades no pueden negarse a su cumplimiento”.
Los socios de investidura del Gobierno español, por lo general, han respaldado el decreto, reclamando “más financiación y garantías para que el proceso de acogida sea adecuado”. Desde algunos partidos regionales, como el PNV y Junts, han defendido defendido “la necesidad de coordinación entre administraciones”.
