Un jurado popular de EEUU ha condenado a Greenpeace a pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer (ET), tras considerar que la organización ecologista incitó a las protestas contra el oleoducto Dakota Access en 2016.
Estas manifestaciones, organizadas principalmente por miembros de la tribu sioux de Standing Rock, fueron consideradas por ET como “una campaña de difamación que afectó los plazos y costos del proyecto”. Durante el juicio, se argumentó que Greenpeace “difundió una narrativa falsa sobre los riesgos del oleoducto”, “influyendo en la opinión pública y generando los disturbios”.
La ONG ha anunciado que apelará la decisión, argumentando que “la cifra impuesta pone en peligro su existencia como movimiento”. Según Greenpeace, la demanda forma parte de una estrategia legal de represión, conocida como SLAPP, que busca silenciar a los opositores y activistas.
La organización ha reiterado su compromiso “lon la lucha contra los combustibles fósiles y el derecho a la protesta pacífica”, y ha indicado que “seguirá defendiendo la justicia ambiental a pesar de los desafíos legales”.
